La ministra de Economía, Nadia Calviño, situó ayer en su agenda más inmediata la reunión esta misma semana con los responsables del Banco de España y de la CNMV con el fin de «reactivar definitivamente el proyecto de creación de una autoridad macroprudencial» que sirva para alertar de futuras crisis financieras ya que -según declaró- España «es uno de los últimos países de la Unión Europea en proceder a activar una institución de estas características». Con este fin, se reunirá esta semana con el Comité de Estabilidad Financiera (CESFI), en el que participan los organismos citados, que lleva sin reunirse desde el 2013, según explicó Calviño durante su primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Economía del Congreso.
«Es imprescindible poner en marcha un mecanismo de supervisión de riesgos financieros para evitar que suceda lo mismo que ocurrió en la crisis, que por estar cada institución mirando su pequeña parcela, se perdieron de vista los riesgos que teníamos alrededor», indicó.
La ministra denunció el aumento de la pobreza en la sociedad española durante la crisis y asumió la lucha contra la desigualdad como uno de sus principales objetivos de política económica que quiere hacer compatible con la reducción del déficit y de la deuda pública.
«Todas las brechas de nuestra economía se han agrandado durante la crisis», dijo Calviño en alusión al alza de las desigualdades en función de la renta, la edad y el género en España.
El elevado desempleo, el alto nivel de deuda y el estancamiento del crecimiento potencial de la economía española son las otras «herencias» que -según Calviño- ha dejado la «profunda crisis» en España. «No podemos acostumbrarnos a tener tasas de paro por encima del 15% (de la población activa)», ni tampoco a «generar empleo a base de precariedad», dijo la ministra para marcar distancia con el Gobierno del PP.
La titular de Economía expresó el compromiso «inequívoco» del nuevo Ejecutivo con «la estabilidad presupuestaria». No obstante, evitó comprometerse con el objetivo impuesto por la UE para reducir el déficit público al 2,2% del PIB en el 2018 y se limitó a decir que el Gobierno mantiene «la previsión de que el déficit público cierre el año en niveles que nos permitan salir del Procedimiento de Déficit Excesivo», esto es, por debajo del 3% del PIB.
