La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza ha dado un paso más dentro de su proceso de reestructuración y está dispuesta a vender tanto su patrimonio, formado por su sede en el paseo Isabel La Católica y el centro de formación IFET en el Picarral, como su 42% de participación en la Feria de Zaragoza, "siempre que se realice de una forma ordenada y con la colaboración de la Administración tutelante", es decir, el Gobierno de Aragón. Así lo afirmaron ayer a este diario fuentes de la institución empresarial, que ahora apuesta por esta posible solución que parecía desechada ante la devaluación del valor de las propiedades inmobiliarias. "La Cámara es viable", defienden.
Esta medida, junto con la ampliación de las líneas de crédito y la reestructuración de la deuda bancaria, son las prioridades del plan de viabilidad económico presentado por la Cámara con el objetivo de "asegurar su continuidad y lograr su sostenibilidad financiera, ante la falta de un marco jurídico estable para su actividad y las tensiones de liquidez provocadas por las dificultades para obtener recursos suficientes". Las mismas fuentes destacan que la DGA exigió la elaboración de ese programa de medidas de futuro pero le denegó después un aval por valor de 4,4 millones de euros para ponerlo en marcha.
CUATRO MESES BAJO MÍNIMOS
En la misma línea, y como ya anunció la semana pasada, la institución empresarial presentó ayer ante el Gobierno de Aragón la solicitud de suspensión temporal de 46 contratos de trabajo por un total de 121 días, desde el próximo 1 de diciembre hasta el 31 de marzo del 2015. Las mismas fuentes explicaron que "habrá unos mínimos" de personal porque "hay cosas que hay que seguir haciendo", como los certificados de origen para que las empresas puedan exportar fuera de la Unión Europea . Ahora se abre un periodo de consultas de 15 días con los representantes de los trabajadores. Además, debe ser aprobado de forma definitiva el próximo 27 de noviembre por los órganos de gobierno de la Cámara.
Según la entidad, centrada en servicios para la internacionalización y la competitividad de las empresas, son causas económicas las que han provocado la presentación del expediente de regulación temporal de empleo: la disminución de la cuota que pagaban las empresas (recurso cameral), su principal fuente de ingresos; las pérdidas de explotación; y la falta de ajuste entre el volumen de servicios solicitados y el número de trabajadores. En este sentido, la Cámara destacó ayer que ya ha realizado un "extraordinario esfuerzo" con un ajuste de costes que han caído un 52% desde el 2009. La plantilla se ha reducido a la mitad en el mismo periodo (de 91 a 46 trabajadores), además de "fuertes reducciones salariales y la supresión de beneficios sociales".
Los ingresos por el recurso cameral, que desaparecieron en el 2010, suponían una media de unos 5 millones de euros durante sus últimos 6 años completos (2006-2011). Los ingresos por los convenios de colaboración con las administraciones y por los servicios a las empresas se mantienen más estables pero no cubren el desplome de la financiación por la vía de la cuota. Además, la Cámara ha debido provisionar el 42% del importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los terrenos y edificios de la Feria, y que se han adjudicado a la Cámara como copropietaria (la DGA tiene el 38% y el resto, entidades financieras y otras instituciones).
