La reorganización del modelo registral español que impulsa el Ministerio de Justicia pone en peligro más de 2.000 empleos en las oficinas de los registradores de propiedad y mercantiles. El colegio de registradores se ha pronunciado en contra del proyecto que reorganiza y concentra la actividad registral en España, y ahora los sindicatos que representan a los empleados de la oficinas de los registradores --que son contratados, no funcionarios-- expresan su inquietud. De los 11.000 empleados que trabajan en cada registro, al menos un 20% ven amenazado su puesto de trabajo con la reforma.

El reordenamiento de los registros se basa en que la caída de la actividad económica, sobre todo hipotecaria, ha aflorado un exceso de oficinas de registro de la propiedad y mercantiles creadas los últimos 15 años. Y ha sido determinante la polémica propuesta ministerial, a principios del 2013, de que los registradores de la propiedad se hicieran cargo, sin compensación pública, del registro civil, y que rechazan la mayoría del colectivo.

Los trabajadores advierten de que la reforma prevé la concentración de oficinas, con las consecuencias que ello conlleva. En una nota interna del colegio, a la que ha tenido acceso este diario, los registradores calculan que "se llevará a cabo el despido del 20% de empleados sobrantes por la reestructuración, que no siempre serán reconocidos como despido por causa objetiva".