Algunos de los nombres más conocidos de los principales casos de corrupción que se investigan en los tribunales se beneficiaron en su momento de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el año 2012 y que acaba de anular el Tribunal Constitucional, que reprocha la actitud del Gobierno por lo que respecta a la dejación del Estado en su deber de hacer cumplir la obligación tributaria de los ciudadanos.

Luis Bárcenas fue uno de los primeros nombres que apareció ligado a la amnistía fiscal ideada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. El extesorero del PP dijo haber regularizado 10,9 millones de euros procedentes de su empresa uruguaya Tesedul, pero no hizo lo mismo con otros 25 millones que tenía en el Lombardier, por lo que Hacienda anuló la declaración tributaria por contener datos «inveraces». También se benefició de la amnistía fiscal el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato con el fin de regularizar su patrimonio, lo que dio pie a una investigación por parte de Hacienda sobre su fortuna.

Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y todavía en prisión por la trama Púnica, mantenía una cuenta en Suiza en la que había 1,5 millones de euros depositados que fueron aflorados a finales del 2012 y principios del 2013.

El socio de Granados en Púnica, el empresario David Marjaliza, abonó a Hacienda en febrero del 2014 -unos meses antes de su detención- tres millones de euros correspondientes a los 12 millones que había mantenido en cuentas fuera de España.

En el clan Pujol, dos de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Josep -dos millones- y Oleguer -tres millones-, han declarado haber recurrido a la amnistía fiscal para regularizar parte de su fortuna en el extranjero.

Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión incondicional sin fianza desde el pasado 21 de abril, por el caso Lezo, regularizó en el 2012 una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, hasta entonces ocultos en un banco suizo.

Entre los evasores se encuentran miembros de los Borbón-Dos Sicilias, en la línea de sucesión de la Corona de España, que escondían cuatro millones en Suiza. Aparecen los Gallardo Ballart, dueños de Almirall, una de las mayores farmacéuticas españolas y del primer grupo nacional de hospitales privados, tenían 113 millones en Suiza. Así como los López Quesada -incluido Pedro López Quesada, amigo íntimo del rey Felipe-, que escondían un millón en Suiza.