Comisiones Obreras ha calificado hoy de "voladura controlada" en la empresa pública Sarga las actuaciones y decisiones que está adoptando el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, aunque con el objetivo final de que "se note en la próxima legislatura".

José Ramón Cajal, ingeniero agrónomo de Sarga y delegado de CCOO en la sociedad pública, y Francisco José González, secretario general de CCOO en la Administración Autonómica, han denunciado que se está llevando a cabo "el desmantelamiento y la privatización" de esta empresa con unas decisiones adoptadas con "sorprendente descaro".

Incluso han emplazado al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a pronunciarse sobre si "secunda la política" que está siguiendo este consejero y si "da cobertura al desmantelamiento de una empresa pública", pero también han expresado su "sorpresa" porque "nos encontramos solos" en una actuación que, han subrayado, "políticamente es un escándalo".

De hecho han afirmado que ningún Gobierno del Partido Popular a nivel nacional, con empresas como Acuaes y Seiasa, ha tenido "valor de ir tan lejos como Olona en sus ansias privatizadoras".

La estrategia del consejero Olona han apuntado que consiste en vaciar de contenido y actividad a Sarga impidiendo que realice trabajos que hasta ahora hacía, suprimiendo encargos y no ejecutando el presupuesto.

En este sentido han lamentado que el próximo mes de mayo vencen diferentes certificados de calidad de la empresa y se desconoce si habrá dinero para poder renovarlos.

Los responsables de CCOO han insistido en que las decisiones que se están adoptando son para vaciar de contenido a Sarga, cediendo las parcelas que producen beneficios a empresas privadas y manteniendo áreas que son "una ruina caracolera", con lo que su conclusión es que "se busca intencionadamente el desequilibrio financiero" para crear pérdidas en Sarga y entonces la ley obliga a realizar ajustes o a desaparecer.

Por ello se han mostrado convencidos de que será en la siguiente legislatura cuando los nuevos responsables políticos que accedan al Gobierno de Aragón deberán tomar la decisión sobre el futuro de Sarga.

También han denunciado que Joaquín Olona ha sido "juez y parte" porque cuando era presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en 2011 y 2013 pidió a los Gobiernos que las diferentes empresas de ingeniería pudiesen acceder a cualquier obra, ya que en aquel momento la dirección de obra con más de 100.000 euros de presupuesto sólo la podían dirigir empresas públicas para controlar el destino del dinero público, y cuando fue nombrado consejero firmó una orden en 2016 que levantaba la restricción en esas contrataciones.

En este aspecto han recordado que las Comunidades de Regantes seguían trabajado con Sarga, por lo que Olona en enero de 2018 firmó una nueva orden por la que se imposibilitaba que la empresa pública pudiera seguir haciendo estos trabajos.

Además han asegurado que Olona, antes de ser consejero, era presidente y director general en dos empresas de ingeniería y que ahora su hermana está al frente de Inesa, por lo que "había interés directo de consanguinidad", algo que no consideran que sea "éticamente aceptable" aunque no han podido denunciarlo en la fiscalía pero "ganas no nos faltan".

Entre las acciones que van a emprender han señalado que solicitarán comparecer ante la Comisión de Peticiones de las Cortes, la elaboración de un Plan de Viabilidad, además de analizar jurídicamente la posibilidad de que existan irregularidades o posibles delitos societarios (administración desleal,...) y la petición a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la DGA el análisis de conflicto de intereses en algunas de las tomas de decisiones del consejero Olona.