Este verano no ha habido paz social y el otoño se prevé movido también. «Será un reflejo de lo que ha pasado en verano», afirma a este diario el secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez. «No hay más conflictividad porque sí, la situación es muy complicada», apostilla Mercedes González, secretaria de Acción Sindical de CCOO. La huelga de los trabajadores de la seguridad privada del aeropuerto de El Prat, de gran impacto social en plena campaña de verano, ha contribuido a subir el termómetro del malestar laboral y ha devuelto al primer plano las precarias condiciones de trabajo que han dejado las reformas aprobadas con la crisis.

En cuanto se inicie septiembre, los sindicatos mayoritarios desplegarán una estrategia de movilizaciones con el objetivo de que se incrementen los salarios y las pensiones para «repartir la riqueza», en palabras de Álvarez, y para que «la recuperación revierta en la clase trabajadora», según González.

LOS PENSIONISTAS, PRIMERO / Las marchas para reclamar pensiones dignas ya tienen fecha: del 30 de septiembre al 9 de octubre. Proseguirán durante el último trimestre, en paralelo al debate de los Presupuestos Generales del Estado.

A ellas se unirán las movilizaciones para la recuperación del salario de los empleados públicos y de los sectores en los que las adjudicaciones privadas hayan rebajado los derechos de los empleados, como permite la reforma laboral.

CCOO y UGT lo advirtieron en primavera: en caso de que no hubiera un acuerdo marco salarial con la CEOE para este año y el próximo, la conflictividad subiría y sería sectorial. Una situación que para el Gobierno y las empresas supone un mayor desgaste que una huelga general, aunque nada se descarta.

El pacto salarial no ha sido posible, aunque se han seguido firmando convenios sectoriales y de empresa con una subida media de 1,33%. Este incremento contrasta con el 1,5% de inflación en julio y con el 3% de crecimiento de la economía previsto por el Gobierno. La patronal es más optimista y eleva la previsión hasta el 3,2%. Sin embargo, en la negociación con los sindicatos no aceptó subidas por encima del 2% y rechazó la cláusula de revisión salarial si los precios suben más de lo previsto.

«Si la CEOE hubiera sido hábil, hubiéramos alcanzado acuerdos», afirma Álvarez. Ahora el objetivo es lograr un pacto para el 2018. UGT y CCOO ya han fijado los mínimos elementos de la estrategia conjunta de negociación con la patronal. Nada de dejar pasar el tiempo. Todo lo contrario: formar una mesa de negociación real con temario definido, un calendario preciso y unos interlocutores con todas las atribuciones.

Álvarez aporta el primer punto del temario: el salario mínimo de los convenios debe ser de mil euros. «Supondría un salto cualitativo», dice el líder de UGT, «y no generaría problemas de competitividad». Los trabajadores, coinciden Álvarez y González, deben beneficiarse de la buena marcha de la economía y de las inmejorables previsiones de crecimiento. «No se puede permitir que haya trabajadores pobres con un sistema de relaciones laborales feudal y esclavizado», afirma la dirigente de CCOO.

SUELDOS DE 800 EUROS / El conflicto de El Prat no solo ha abierto la polémica sobre si la seguridad de los ciudadanos puede estar en manos privadas con unos sueldos de 800 euros para los trabajadores con menos antigüedad. «Esta situación es la consecuencia directa de la reforma laboral. Es un modelo de precarización de los trabajadores y parece que si se denuncia, molesta», apunta González.

La reforma laboral apostó por la negociación colectiva en las empresas y no en los sectores. El modelo abrió la puerta a las empresas multiservicios, que se ocupan de cosas tan variadas como la seguridad de los aeropuertos, guarderías, limpieza, salud o asistencia a la dependencia. Así se «aprovechan», dicen las centrales, de las contratas públicas con oferta muy bajas porque «ajustan por las personas, por los costes laborales», dice González. «Si no ponemos freno, esto no tendrá limites», añade Álvarez.