Los secretarios generales de las federaciones de servicios de CCOO y UGT, Maria Jesús Paredes y Juan Sánchez, quieren abrir un debate para cambiar la mala imagen que tienen las empresas de trabajo temporal (ETT) de la que, en buena parte, son responsables los sindicatos. El proceso de lavado de cara culminaría con una petición al Gobierno para que reforme la ley de ETT y les otorgue la potestad de gestionar el conjunto de la flexibilidad laboral en las empresas.
La primera muestra de este giro de los sindicatos en relación a las ETT ha sido la firma del convenio colectivo del 2003 al 2005 para los 10.000 empleados de las 325 empresas del sector. Mediante este acuerdo, UGT y CCOO se comprometen a convencer a sus organizaciones para que no vuelvan a incluir en los convenios cláusulas que limiten, obstaculicen, prohíban o excluyan la contratación de trabajadores a través de las ETT.
La mayoría de estas cláusulas han sido impuestas por los propios sindicatos, aunque Paredes dijo que muchos empresarios las exigen como moneda de cambio para no tener que negociar rebajas en los porcentajes de temporalidad. Tanto Paredes como Sánchez aseguraron que estas cláusulas son "ilegales".
Además, los sindicatos reconocen que es innecesaria la penalización que sufren las ETT en las cotizaciones. Estas pagan un 1% más de cuota al Seguro por cada trabajador cedido, un 1% adicional en el seguro de desempleo, y la indemnización al finalizar el contrato es de 12 días en vez de ocho como el resto de temporales.
CAFE PARA TODOS Tanto Sánchez como Paredes aseguraron que no están en contra de estas penalizaciones sino de que sólo las paguen las ETT. Lo ideal sería que el Gobierno las aplicara a todos los contratos temporales pero, si no lo hace, al menos debería suprimirlas para las ETT porque constituyen una "discriminación" y no se trata de "criminalizar" a estas empresas, aseguraron ambos responsables sindicales.
Paredes y Sánchez insistieron en que no defienden la alta tasa de temporalidad que padece el mercado laboral sino a unas ETT que "funcionan bien".El verdadero peligro se encuentra en las empresas de servicios que también ceden trabajadores pero al margen de lo que marca la ley, dijo Sánchez.
El objetivo es abrir un debate para que el nuevo Ejecutivo del PSOE incluya en una futura reforma medidas dirigidas a reducir la precariedad en el empleo y, al mismo tiempo, para que las ETT gestionen, al menos, el 60% de la temporalidad --como en Alemania-- e incluso puedan mediar en la contratación de trabajadores fijos.
El primer paso para ello ha sido la creación de una fundación, que estará integrada por los sindicatos y las organizaciones empresariales, que realizará estudios, intentará mejorar la imagen de las Empresas de Trabajo Temporal y canalizará los fondos para la formación.
