La patronal vallesana Cecot ha pedido a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que reclame a Escal, la sociedad concesionaria del fallido almacén de gas Castor, del que ACS es el principal accionista, los 1.350 millones que costó la infraestructura.
Recientemente, el Congreso tuvo que ratificar la emisión de deuda pública para pagar al Santander, CaixaBank y Bankia los 1.350 millones que adelantaron para compensar a la concesionaria de la infraestructura que tuvo que cerrarse por los seísmos que provocó en el sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. En una carta, esta organización patronal pregunta a Ribera si se exigirá alguna responsabilidad patrimonial a los accionistas.
Inmediatamente después de conocer que Escal habia presentado concurso de acreedores, Cecot se dirigió a Ribera para que explique las medidas que piensa tomar para recuperar el dinero. En este sentido recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, que obliga a la sociedad concesionaria "a devolver los 1.350.729.000 que recibió" ya que se declaró inconstitucional el real decreto que reconocía la compensación por el cierre de la instalación.
Sociedad domnante
Ante la opción de que Escal se declare insolvente, el presidente de la patronal vallesana, Antoni Abad, reclama al Gobierno piensa exigir la responsabilidad patrimonial de los socios. En esta línea recuerdan el propio real decreto para reclamar a la sociedad concesionaria y, en especial, a la ACS de Florentino Pérez por ser la principal accionista, ya que se prevé que sea "la sociedad dominante la que ostentara una participación superior al 50% del capital social de Escal"
La Cecot inició en 2015 junto con otras organizaciones diversas actuaciones contra la compensación por e Castor. Estaba previsto que los 1.350 millones, más los intereses, al haberse endosado la deuda a los tres bancos por haber adelantado el dinero para la compensación a Escal, la pagaran los consumidores a través del recibo del gas durante 30 años.
A finales de 2015, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a tomar medidas para evitar que los contribuyentes españoles cargaran con los costes del almacén Castor, un proyecto precedido de "una evaluación desastrosa". En 2017, el Tribunal Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, lo que suponía un aval para la impugnación de las órdenes ministeriales anuales que establecían el recargo en el recibo por parte de la Cecot ante el Tribunal Supremo.
Estas reclamaciones afectaban a las órdenes para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Esta instrucciones desarrollaban el real decreto de 2014 que preveía recaudar los costes de mantenimiento y conservación del Castor, así como la compensación de 1.350 millones a través del recibo anual del gas. El Supremo dio la razón a Cecot en las impugnaciones
