Hasta la fecha, las cartas enviadas por los líderes sindicales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al Fiscal general del Estado, Eduardo Torres- Dulce, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no han tenido respuesta. Ambos dirigentes les pedían que tomaran nota de la "preocupación sindical por la degradación de la calidad de nuestra democracia".
Para los sindicalistas, las penas solicitadas son "desproporcionadas y excesivas", con la consiguiente pérdida de libertad para personas que "no han intervenido en ningún acto violento, sino el ejercicio del derecho de huelga". Y añaden que las instituciones judiciales no actúan "con el mismo celo" cuando se ataca a las condiciones de trabajo y a los derechos de los trabajadores.
En la misiva, Toxo y Méndez exigen al ministro que dé "una respuesta urgente", pero también que adopte "las iniciativas legislativas necesarias" para evitar la cárcel de estos sindicalistas. Ambos sindicatos estiman que está situación está cuestionando la legitimidad del estado social y de derecho.
