El Gobierno aprobará el real decreto que derogue parte de los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del PP en el próximo Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, el último de la legislatura con las Cortes todavía en activo. Desde la patronal «se da por hecho», según cuentan fuentes empresariales, y el escenario ahora no pasa tanto por impedirlo, sino por recabar los apoyos suficientes con los que negociar unas mejores condiciones. En ese Consejo de Ministros, según coinciden fuentes patronales y sindicales, el Gobierno también prevé aprobar otro real decreto, uno con medidas en materia de igualdad, como la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas.

Así lo trasladan fuentes de la patronal catalana, que trasladan su rotundo rechazo a cualquier modificación legislativa de tal calado antes de las elecciones. Un discurso diametralmente opuesto al de los sindicatos, que impulsados por el ambiente preelectoral van encadenando actos a lo largo de todo el territorio español para presionar al Gobierno. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, alertaba a Pedro Sánchez ayer desde Cáceres: «Espero que el Gobierno sea consciente de que gran parte de su potencial base electoral es trabajadora».

El contenido de esa contrarreforma parcial hecha decreto ley recoge los principales temas que el Gobierno ha ido tratando durante los nueve meses de mandato socialista con patronal y sindicatos en las Mesas de Diálogo Social de Empleo. Estos son la recuperación de la ultraactividad indefinida, la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, la reforma de la subcontratación y la obligatoriedad del registro horario.

La posibilidad de que la CEOE acabe aceptando modificaciones sobre los mismos es mayor en unos que en otros, según cuentan fuentes del mundo empresarial. La ultraactividad y la reforma en la subcontratación son los que admiten más puntos intermedios. En el caso de la subcontratación, según fuentes empresariales, la intención del PSOE es que rija el convenio correspondiente de la «propia actividad de la empresa». Es en la «muy amplia» definición que incluye el texto de la misma lo que genera rechazo entre el empresariado.

Si bien en las dos anteriores las organizaciones patronales ven margen de negociación, en lo que registro horario y prevalencia del sectorial se refiere, la postura sigue enrocada.

Respecto a la primera, que pretende generar herramientas para combatir el pujante número de horas extras, se argumenta que «es un debate propio del siglo pasado». Y sobre la segunda, el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró contrario «por ideología», tal como manifestó en una reciente entrevista.

Fuentes sindicales, patronales y de los partidos con representación parlamentaria coinciden, con entusiasmo dispar, en que el Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros la contrarreforma. El contenido del cual, según fuentes del Congreso, todavía no está cerrado del todo. Y es en los equilibrios con los que pretende ganar el PSOE la votación que ratifique ese real decreto donde la CEOE pretende apretar.

Fuentes de Moncloa reconocen que no plantearán ninguna votación que no estén seguros de ganar y para ello son imprescindibles los apoyos (o por lo menos la abstención) del PDECat y el PNV. Con los primeros lleva el PSOE meses negociando con sigilo los detalles, preveiendo que los segundos se acabarán sumando. Fuentes del PDECat mantienen la postura de que «si el texto del real decreto se corresponde con lo que hemos ido negociando, no tendremos ningún problema en votar a favor». También avanzan que puede que este no cuente con el beneplácito de todos los empresarios, pero tienen claro que no generará el rechazo de todo el mundo empresarial.