La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa) a través de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), interpondrá una nueva querella contra la gestión de Caja Inmaculada (CAI), al detectar nuevas irregularidades en varias sociedades inmobiliarias de la entidad.

Varios exempleados de CAI, que trabajaban en departamentos "claves" y "veían lo que allí se hacía", están dispuestos a declarar dentro del proceso de instrucción, ha indicado hoy en rueda de prensa el presidente de Asipa, Gonzalo Postigo.

Postigo ha explicado que, tras "muchas horas" de esfuerzo, han detectado nuevas irregularidades, que no habían sido contempladas en la primera querella interpuesta por CAI contra su exdiretor general Tomás García Montes y otros dos directivos.

Por ello, han decidido interponer una nueva querella contra la gestión de CAI por delitos de apropiación indebida, malversación de fondos y gestión deseal.

En concreto, Postigo ha indicado que tienen constancia de que dos sociedades municipales de la entidad, CAI Inmuebles y CAI dirección de servicios generales, realizaron un total de sesenta operaciones de compra de terrenos y viviendas, por un importe de 147.819.761 euros.

Por un lado, CAI Dirección de Servicios Generales ejecutó 39 operaciones en 2008 y 2009 por una cuantía total de 68.225.355 euros y CAI Inmuebles otras 21 en 2009, de las cuales tres se pagaron "por encima del valor de la tasación presentada".

Estas operaciones, ha resaltado Postigo, se llevaron a cabo sin que fueran aprobadas ni por el Comité de Inversiones de Caja Inmaculada, ni por su Consejo de Administración.

La querella se interpondrá también por la gestión en ARCAI Inmuebles, en fase de liquidación desde principios de año, tras conocerse hechos "muy graves" a raíz de las diligencias abiertas en la primera querella, y contra la empresa H&C Iniciativas de desarrollo Urbano S.A.

A través del registro de la propiedad, Asipa ha conocido que esta empresa dispone de terrenos en Parla y Algete (Madrid), Pastrana (Guadalajara) y las Ventas de Retamosa (Toledo) que fueron comprados por un precio superior a su valor.

"Algunos de ellos están en una zona afectada por el cauce de un río, lo que hace que sea todavía más rocambolesco", ha destacado.

Otra de las empresas donde Asipa ha detectado irregularidades es Sevilla Gestión del Suelo SL, en concreto, una "desproporcionada activación de gastos" en uno de los terrenos adquiridos por la sociedad a Carrocerías Gaspar.

La querella se interpondrá contra estas sociedades de la entidad, de las 69 que se constituyeron, por ser las "más ejemplares", al concentrar un mayor número de irregularidades que pueden ser constitutivas de delito.

Ante el volumen de la cuantía y dado que afecta a varias provincias, la querella se interpondrá en la Audiencia Nacional por estas mismas razones, no por que haya cierta "desconfianza" a presentarla en la institución provincial, ha dicho.

Hasta el próximo 31 de diciembre, CIC y Asipa han iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar fondos con los que interponer la querella, para lo que han abierto una cuenta en Triodos Bank.

Confían en poder recaudar 3.000 euros con los que iniciar los trámites, pero calculan que la cantidad necesitada para sufragar los gastos rondará los 12.000 euros.

El dinero sobrante se destinará a Cáritas y al Banco de Alimentos de Aragón.

En esta investigación, Asipa no ha detectado el uso de 'tarjetas black' por directivos de la entidad, ha apuntado Postigo en respuesta a preguntas de los periodistas, quien ha añadido que, por ahora, no tiene constancia de ello.

Por otro lado, la instrucción de la primera querella presentada por CAI contra sus exdirectivos ha finalizado, por lo que Asipa y CIC, que se personaron en la causa, solicitarán las penas máximas y la apertura del juicio oral, que "podría abrirse dentro de mes o mes y medio", ha concluido Postigo.