La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) presentó el pasado 2 de marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la «gestión delectiva» que presuntamente cometieron varios exdirectivos de Caja Inmculada (CAI), la desaparecida y emblemática entidad aragonesa que debido a su mala gestión fue absorbida por Ibercaja. El sindicato quiere así depurar responsabilidades sobre operaciones inmobiliarios y financieras realizadas durante los años 2008 y 2009, principalmente, que considera bajo sospecha.
La querella de CIC, que preside el aragonés Gonzalo Postigo, se dirige contra el exdirector general de la entidad Tomás García Montes, el exdirector adjunto, Juan Antonio García Toledo y los expresidentes Antonio Aznar y Rafael Alcazar. También señala a otros seis exdirectivos de menor rango del equipo de García Montes, quien ya fue condenado en marzo del 2017 a cuatro años de cárcel por un delito de apropiación indebida agravada. No obstante, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.
La denuncia de CIC, cuyo abogado el Andrés Herzog, pone la lupa sobre múltiples operaciones de financiación a promotores inmobiliarios de la filial CAI Inmuebles y externos por un valor que asciende a 140 millones de euros. Estos crédito no fueron autorizados por la comisión de inversiones de la entidad ni por el consejo de administración, asegura CIC en base a las declaraciones que realizó Carlos Montón, director del Área de Administración y Control de Riesgos de CAI hasta septiembre del 2010, en la comisión de investigación abierta por las Cortes de Aragón sobre la gestión de la extinta caja de ahorros.
La financiación se concedió además, según asegura el denunciante, por un importe mayor al del valor de la tasación de suelos y inmuebles que se promovían. En muchos casos los créditos sirvieron para cancelar deudas de otras entidades financieras.
Otros presuntos pufos / La organización sindical también aprecia operaciones «irregualres» en algunas sociedades participadas por la filial inmobiliaria CAI Inmuebles como H&C Iniciativas de Desarrollo Urbano o Sevilla Gestión de Suelo. En esta última se realizaron sucesivamente ampliaciones del crédito sin que se llegase a realizar ninguna obra.
La denuncia también recoge la due diligence (auditoría forense) aportado por un exsocio de CAI Inmuebles que quiso personarse como acusación en la instrucción del caso contra García Montes (la jueza no lo admitió). Este documento, según el sindicato, revela asimismo irregularidades en la gestión de la caja.
A juicio de CIC, la comisión parlamentaria que investigó a la CAI «se cerró en falso» ante la negativa de la entidad a aportar los documentos y actas requeridos aduciendo razones de confidencialidad. Anticorrupción deberá decidir si abre o no una investigación y ordena si procede la instrucción de un nuevo caso.
