La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará en las próximas semanas una querella contra CAI ante la Audiencia Nacional que revela "irregularidades" en la gestión de la entidad durante los últimos años. El sindicato anunció ayer que tiene "constancia" de que la caja llevó a cabo hasta 60 operaciones de compra de terrenos e inmovilizados, por 147,8 millones, que no contaron con la aprobación del consejo de administración ni del comité de inversiones. Estas adquisiciones se realizaron entre 2008 y 2009, a través de CAI Inmuebles y CAI Servicios Generales, según explicó ayer el presidente de CIC y Asipa, Gonzalo Postigo, y secretario general de este último, Fernando Serrato
La querella, que atribuye a exresponsables de CAI varios presuntos delitos (administración desleal y apropiación indebida, entre otros), también incluye operaciones en sociedades ligadas a la caja como Arcai Inmuebles, H&C Iniciativas de Desarrollo Urbano SA y Sevilla Gestión de Suelo. En la primera, se detectan "hechos muy graves" de los que podrían derivarse "responsabilidades penales que afectarían a socios y administradores", dijo Postigo, fruto de un informe elaborado por VAR Decisions Corporate Finances.
En cuanto a H&C, el sindicato denuncia que se hizo con terrenos en Parla y Algete (Madrid), Pastrana (Guadalajara) y Las Ventas de Retamosa (Toledo) por los que se pagaron precios que "no se corresponden en absoluto con lo que realmente valían", ya que estaban afectados por la huella sonora de la terminal T4 de Madrid y, en otros casos, al estar ubicados en el cauce de un río. Finalmente, en Sevilla Gestión del Suelo, "tenemos conocimiento de una desproporcionada activación de gastos" en varios terrenos, apunta el sindicato.
Esta segunda parte de la querella incluye, de momento, solo tres sociedades, aunque hay un total de 69 que colgaban de CAI. No obstante, las analizadas por CIC son "ejemplares" y "donde más irregularidades se han detectado", si bien durante el periodo de instrucción de la querella "se podrían incluir nuevas sociedades", aclaró Postigo. El hecho de que se remita la documentación a la Audiencia Nacional obedece a que el caso afectaría a varias provincias y por la cuantía de los presuntos delitos.
DECLARACIÓN DE TESTIGOS
El sindicato apuntó ayer que, además de la documentación recabada de la gestión llevada a cabo por CAI en los últimos años, también cuenta con "testigos dispuestos a declarar". En concreto, se trata de exempleados de CAI que estaban en departamentos "clave" durante esos años.
La querella también se apoya en las declaraciones realizadas por el exdirector del Centro de Administración y Control de Riesgos de CAI, Carlos Montón, en la comisión de investigación que puso en marcha las Cortes de Aragón sobre la gestión de la entidad a partir del año 2000.
El sindicato cuenta además con el apoyo de Andrés Herzog (UPD), que está dirigiendo la acusación popular en la querella interpuesta por esta formación política contra Bankia.
