La Audiencia Nacional envió ayer a prisión a los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia condenados a dos años de cárcel por las indemnizaciones millonarias (22 millones de euros) que se concedieron a sí mismos en el año 2010, en pleno proceso de fusión de las dos cajas que dieron lugar a la institución y tras pedir 1.162 millones de ayudas al Estado por la inviabilidad de la entidad. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal denegó la suspensión de la condena, una vez que el Tribunal Supremo la confirmó el pasado septiembre. Se trata de los primeros banqueros que van a la cárcel por sentencia firme desde que estalló la crisis.
La Audiencia Nacional valoró la gravedad de los hechos y que el propio Supremo considerase benévola la pena de dos años impuesta a tres exdirectivos (José Luis Pego, Gregorio Gorriaran y Óscar Rodríguez Estrada), al expresidente de Caixa Nova, Julio Fernández Gayoso, y al asesor jurídico Ricardo Pradas. La Sala tuvo en cuenta también que los condenados no devolvieron el dinero fijado en sentencia y que tienen todavía causas pendientes.
Alonso, Gorriarán y Rodríguez Estrada, según el Supremo, se prepararon las prejubilaciones millonarios «ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente», mientras que Fernández Gayoso y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, fueron «cooperadores necesarios». El alto tribunal consideró «desproporcionada» la pena de dos años de cárcel, pero no por exceso como alegaron las defensas, «sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas». De hecho, lamentó no poder elevarlas.
Pego mejoró su contrato en siete millones de euros, Gorriarán, en cuatro millones, y Rodríguez Estrada, en 225.400 euros. «A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administración de Caixa Nova, que había quedado en serias dificultades de viabilidad y práctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusión bancaria en la que se incluyó el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tuvo que aportar más de 9.000 millones de euros del erario público», destacó el Supremo.
ADMINISTRACIÓN DESLEAL
Caixa Nova y Caixa Galicia se fusionaron en el 2010 a instancias del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que quería mantener el control sobre las entidades, y en contra del criterio del Banco de España. La unión de dos entidades con problemas creó un problema mayor y el Estado terminó por nacionalizar el banco resultante con 9.052 millones de ayudas. En diciembre del 2013, lo vendió al grupo venezolano Banesco, que lo rebautizó como Abanca, por apenas 1.003 millones.
La Audiencia Nacional condenó a los exejecutivos en octubre del 2015 por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida por el cobro indebido de prejubilaciones. Además, se les impuso una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros.
Según la Sala, las condenas obedecieron a que la entidad, «valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar más de 24 millones como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado».
En septiembre, el Supremo confirmó la condena de dos años, pero modificó la indemnización y cambió el beneficiario. En octubre, la Audiencia Nacional condenó a Pego y Gorriarán a indemnizar con 6,4 y 3,9 millones a la entidad sucesora del banco gallego en lugar de al FROB.
