La intención del Gobierno de dotarse de más poderes para vetar fusiones empresariales no ha gustado nada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM). En su informe sobre el anteproyecto de ley del Código Mercantil, el organismo le reclamó ayer que se lo replantee, pues supondrá limitar los derechos de los operadores económicos justificándolo solo con un razonamiento "eminentemente abstracto", como es el de las "razones de interés público" que esgrime el Ejecutivo sin más detalle.
El proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia establece que el Consejo de Ministros podrá ejercer el veto cuando una empresa española se fusione para crear una sociedad anónima europea, así como, en las fusiones transfronterizas, cuando participe una firma española y se pretenda trasladar su domicilio social fuera de la Unión Europea. También podrá hacerlo si una sociedad anónima europea registrada en España pretende un traslado de domicilio que suponga un cambio en la legislación que se le aplica.
La CNMC destaca que el Gobierno solo tiene ahora el poder de confirmar los vetos aprobados por el propio organismo de competencia. Además, reclama al Ejecutivo que, si no elimina de su proyecto esos nuevos poderes, al menos fije unos "requisitos objetivos, expresos y suficientemente justificadosO para podrá ejercerlos ña fin de evitar la existencia de un margen tan amplio de discrecionalidad", así como que sus decisiones respondan a "un test de evaluación de su adecuación a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción".
El supervisor sostiene que el proyecto "presenta implicaciones negativas" para la defensa de la competencia que "deben ser corregidas". Así, critica que duplicar el capital social mínimo para crear una sociedad anónima hasta los 120.000 euros supondrá una "barrera" para que surjan nuevos competidores.
