La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidirá este martes si prorroga por segunda vez la prohibición de especular a la baja con Liberbank, que esta semana anunció una ampliación de capital, para impedir los ataques de inversores con el fin de que la acción se desplome.
De esta manera, el organismo resolverá si vuelve a ampliar las restricciones impuestas sobre posiciones cortas de la entidad en junio, que duraron un mes y se ampliaron en julio por un plazo de dos meses, hasta el próximo martes.
Los títulos del banco, que comenzaron a cotizar en el 2013, vivieron sus peores jornadas precisamente en el mes de junio, cuando se depreciaron un 40,61% en una semana tras catorce sesiones a la baja, por lo que el regulador bursátil español tomó esta decisión tras observar la alta volatilidad de la cotización sin ver razones objetivas para ello.
La CNMV prohibió a cualquier persona física o jurídica realizar «ventas en corto y de operaciones que creen un instrumento financiero o estén vinculadas a un instrumento financiero, cuyo efecto, o uno de cuyos efectos, sea conferir una ventaja financiera» al tenedor, en el caso de que baje el precio o valor de las acciones del citado banco. Las posiciones cortas son una estrategia que supone la venta de acciones de un valor con la pretensión de que su precio caiga, y así poder recomprarlas después más baratas.
ESTRATEGIA ESPECULADORA
En concreto, los especuladores toman prestadas las acciones de un valor, que tendrán que devolver en un plazo establecido, y las venden.
Cuando dichas acciones caen hasta el valor previsto, el inversor las vuelve a comprar y las devuelve a sus dueños, y así gana la diferencia entre el precio de venta y el que pagó para comprar las acciones de nuevo.
Por otro lado, los responsables de Liberbank, entidad resultante de la unión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, anunciaron el pasado miércoles que propondrá en el mes de octubre a su junta de accionistas una ampliación de capital de 500 millones de euros para «acelerar» la reducción de su cartera inmobiliaria por un importe superior a los 800 millones de euros.
