La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció ayer que su comité ejecutivo abrió el jueves de la semana pasada un expediente sancionador por falta «muy grave» al Banco Popular y a su cúpula en época del expresidente Ángel Ron. El supervisor ve indicios de que la entidad le suministró «datos inexactos o no veraces» en su cuenta de resultados del 2016.

El expediente afecta, además de a Ron, al resto de consejeros ejecutivos de la entidad (el consejero delegado Pedro Larena y el secretario del consejo Francisco Aparicio), a los miembros de la comisión de auditoría (José María Arias, Jorge Oroviogoicoechea y Roberto Higuera) y a su director financiero (Javier Moreno). La investigación se circunscribe a la reexpresión de las cuentas del 2016 que realizó el siguiente presidente, Emilio Saracho, en abril del 2017 tras detectar un desfase de más de 630 millones de euros.

La CNMV explicó que ha suspendido la tramitación del expediente por encontrarse en tramitación un proceso penal «por hechos idénticos o inseparables» en la Audiencia Nacional.

El expediente al que se hace referencia en el comunicado se circunscribe a los aspectos de las cuentas anuales de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad el día 3 de abril de 2017. Ese día, ya con Emilio Saracho al frente, la entidad comunicó a la CNMV un ajuste en sus cuentas de 2016 superior a los 600 millones de euros tras revisar en una auditoría interna su cartera de créditos y la operativa de la ampliación de capital por importe de 2.500 millones realizada en 2016. Pocas horas después se produjo la dimisión de Pedro Larena como consejero delegado.

Dos meses antes, el 3 de febrero del 2017, Banco Popular comunicó al mercado los resultados del ejercicio 2016, en el que registró unas pérdidas de 3.485 millones.

El 20 de febrero, Emilio Saracho sustituyó a Ángel Ron como presidente del Popular.