Un máximo de ocho aperturas al año los días festivos y también un máximo de 72 horas semanales. Esta es la postura de consenso que ayer presentaron la Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón (Cemca), los sindicatos UGT, CCOO, OSTA y USO, así como la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) y Galerías Primero. El documento, que ha sido remitido al consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, apela a la "coherencia" del Ejecutivo --que presentó un recurso de inconstitucionalidad al decreto Rato -- y a lo que consideran "razonable".

Así, el presidente de la Cemca, Carlos Murillo, y el responsable de la Federación de Comercio de CCOO, Emilio Alloza, (en representación de los sindicatos) afirmaron que, según los estudios realizados, abrir más días festivos "no supone la creación de más empleos ni tampoco mayor actividad", porque "el poder de compra es el que es, pero se reparte de forma desigual".

Asimismo, Murillo aseguró que en la actualidad "no hay demanda social en España para que se abran más domingos o festivos, pero sí hay presión por parte de los grandes poderes económicos".

Con estos argumentos y a través de este documento, los firmantes tratan de que el Gobierno apueste por permitir un máximo de 8 aperturas anuales en festivos, aunque Aliaga ayer explicó que esta cifra podría alcanzar los 9. Y es que, el proyecto de Ley de Horarios Comerciales todavía se encuentra en fase de tramitación. Cuando esta concluya las comunidades deberán decidir entre los 8 y los 12 días al año.

EQUILIBRIO Según aclaró Aliaga, el objetivo es "buscar un equilibrio entre el pequeño comercio y la gran distribución", al tiempo que anunció que "tendremos una reunión con los técnicos en los próximos días", según anunció.

Asimismo, el consejero indicó que el Ejecutivo podría aprobar una regulación provisional para los primeros días del año, puesto que el proyecto de Ley todavía tiene que pasar por el Senado, volver al Congreso y, luego, a las comunidades. Así, su entrada vigor debe producirse en enero del 2005.

RECURSOS El decretó Rato planteaba una liberalización progresiva del sector, con aperturas progresivas cada año. Sin embargo, un total de ocho comunidades, entre elllas, Aragón presentaron recursos de inconstitucionalidad, que finalmente fueron retirados, tras el cambio de gobierno y la postura planteada por el Ministro de Industria, José Montilla a las comunidades.