La comisión de investigación de Caja Inmaculada (CAI) se iniciará este jueves sin contar con toda la documentación solicitada en su día --hace ya tres semanas, aunque el plazo era de 15 días-- a distintos organismos y entidades. Hasta ayer no se había recibido la información que se requirió al Banco de España, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y a la Sociedad que gestiona los activos tóxicos de la banca (Sareb), según señaló ayer el portavoz de la comisión, Antonio Ruspira. Por este motivo, los miembros de este órgano volvieron a enviar otro requerimiento para que faciliten la documentación exigida.
Pero no es la única información que no se ha facilitado a la comisión. CAI, la entidad que está siendo investigada, tampoco ha entregado todo lo que en su momento se le solicitó. Al respecto, Ruspira consideró que la causa puede ser la "ingente" documentación solicitada, aunque una buena parte de la información que no ha llegado son actas de diferentes sociedades ligadas a la caja. Además, tampoco se habrían remitido a las Cortes de Aragón documentos de CAI cruzados con otras entidades o de terceros por una "cuestión legal", según argumentó la dirección de la entidad a los miembros de la comisión.
En cualquier caso, la información no enviada por el FROB, el Banco de España, la Sareb y la CAI se antojan importantes. Así, por ejemplo, el organismo regulador avisó en varias ocasiones a la entidad del escaso control de riesgos en operaciones inmobiliarias, así como de la existencia de varias operaciones que llamaron la atención de los inspectores del Banco de España. Además, la Sareb cuenta con la información de los activos tóxicos (2.200 millones de euros) que CAI limpió a través del banco malo y que derivó en pérdidas millonarias para la entidad.
El jueves deberán comparecer en las Cortes el presidente de CAI, Juan María Pemán, y el exdirector general de la entidad, Luis Miguel Carrasco, que cogió el relevo de Tomás García Montes, imputado en el caso CAI junto a varios directivos.
