"No queremos mirar al pasado de forma obsesiva", aseguraba el viernes Juan Antonio Pemán, durante la presentación de la Fundación CAI. Una afirmación que contrasta con lo que le espera a la entidad durante los próximos meses, en los que desfilarán los máximos responsables de la gestión de la caja desde el año 2010. Será en la comisión de investigación abierta en las Cortes de Aragón para determinar por qué Caja Inmaculada ha pasado de ser una entidad, aparentemente sólida, a solo una fundación y un 4,8% del grupo Ibercaja. Muy probablemente Pemán será uno de los que sean llamados a declarar. Pero habrá muchos más. Ayer, los integrantes de la comisión se reunieron de nuevo para establecer un calendario y despejar el horizonte. Pero el asunto es complejo, por el volumen de documentación y por el laberinto de sociedades, empresas participadas y operaciones llevadas a cabo en Caja Inmaculada durante esa etapa.
Por tanto, lo primero será determinar qué documentación se requiere a la caja y a terceros --Banco de España, otras entidades y Gobierno de Aragón entre otros-- aunque todo apunta que será prácticamente inabarcable. Un asunto que quedará cerrado el próximo miércoles. La información que se está planteando solicitar es "muy amplia, profunda y compleja" reconoció el coordinador de la comisión, Antonio Ruspira, que ayer compareció ante los medios tras acordarlo todos los grupos parlamentarios (PP, PAR, PSOE, CHA e IU).
El segundo de los aspectos que se cerrará en las próximas semanas será quién desfila por las Cortes. En este sentido, Ruspira apuntó ayer que la nómina de comparecientes se cerrará en la última semana de mayo, por lo que los gestores tendrán que dar explicaciones en el parlamento a partir de la segunda quincena de junio. Con todo, se presume un largo listado (presidentes, directores generales y directivos), que incluirá también a exresponsables imputados como el exdirector general de CAI, Tomás García Montes y Javier Alfaro, entre otros. "Quizá es el que pueda aportar más información a la Comisión de Investigación", dijo Ruspira.
PLAZOS Tras decidir las fechas, la comisión enviará el requerimiento a los comparecientes (hay obligación legal de acudir a las Cortes) con, al menos, diez días de antelación.
Por otro lado, una vez que la comisión decida qué documentación necesita, la entidad tendrá 15 días para enviarla. Está previsto que los grupos analicen dicha información durante los 15 días siguientes y antes de que comparezcan los directivos.
