El régimen español de primas a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables ha obtenido la vía libre de Bruselas. La Comisión Europea considera que el sistema, en vigor desde el 2014 y con 40.000 beneficiarios, no distorsiona la competencia y contribuirá a los objetivos europeos en materia de energía y contra el cambio climático. En el 2016 concedió subsidios por valor de 6.400 millones de euros.

«Las últimas subastas de energía procedente de fuentes renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia. Las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía ambientalmente sostenible y bajo en emisiones es importante y este régimen de ayudas contribuirá a ella», valoró la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager.

El sistema, aplicado tanto a los nuevos beneficiarios como a las centrales eléctricas que ya se acogían al régimen de ayudas anterior, les permite recibir primas por encima del precio del mercado de la electricidad, lo que permite a las instalaciones compensar los costes que no pueden ser recuperados mediante la venta de electricidad en el mercado y obtener así un margen razonable de la inversión. Este sistema ha provocado un alud de demandas de inversores que exigen que se mantenga el mismo nivel de primas que había entes de la reforma.

DOS SUBASTAS ESTE AÑO

Desde el 2016, las ayudas a las nuevas centrales se conceden a través de subastas competitivas. Este año se han realizado ya dos, una en mayo y otra en julio, a través de las cuales se han concedido ayudas para una capacidad de algo más de 8 gigavatios, sobre todo a parques eólicos y solares. A raíz de estas subastas, los beneficiarios recibirán compensaciones únicamente si el precio de mercado cae en los próximos años a niveles muy inferiores a los precios de mercado actuales.

De esta forma, argumenta Bruselas, los productores estarán protegidos ante «una caída inesperadamente abrupta de los precios de mercado» porque recibirán ayudas para garantizar la financiación de sus proyectos y, por tanto, para completarlos a tiempo. El Ejecutivo comunitario confía en que España podrá alcanzar su objetivo de producción renovable, fijado en el 20% del consumo final en el 2020.

El régimen se ha autorizado en el marco de las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y la energía que exigen desde 2017 subastas competitivas para apoyar las energías procedentes de fuentes renovables. Estas medidas, sostiene la CE, garantizan que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación.

Los servicios de la competencia han concluido que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables al tiempo que se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales. El régimen va acompañado de un plan de evaluación con el fin de valorar su efecto.