El Tribunal de Defensa de la Competencia impuso ayer a Telefónica la mayor multa administrativa de la historia de España, al castigarle con 57 millones de euros (9.484 millones de pesetas) por abusar de su "posición dominante" e impedir la entrada de nuevas empresas en el mercado de la telefonía fija.

La elevada sanción, que responde a una denuncia presentada por la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), se basa en las "continuas" trabas que Telefónica ha puesto a sus clientes para cambiar de compañía a través del sistema de preasignación. Este mecanismo permite que un abonado a Telefónica pueda llamar desde su teléfono fijo a través de otra operadora sin tener que marcar un prefijo previo, lo que facilita la entrada en igualdad de condiciones de otros competidores.

La resolución considera probado que Telefónica ha cometido "abuso de posición dominante", "al vincular la prestación de determinados servicios a la inexistencia de preasignaciones con operadores competitivos y realizar campañas desleales de publicidad que producen confusión en el usuario y denigran a los competidores". También afirma que la operadora dispensa un "tratamiento discriminatorio" a las solicitudes de preasignación.

ESTRATEGIA MEDITADA El escrito acusa al exmonopolio de diseñar una "estrategia destinada a dificultar la preasignación" a favor de otros operadores, cuando resulta que este sistema es "esencial" para que el usuario pueda "elegir por anticipado" la empresa que quiera. En este sentido, Telefónica ha realizado "notorias prácticas comerciales tendentes a la recuperación" de los clientes perdidos, lo que ha provocado una "evidente confusión entre los usuarios". De esta forma, la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia acusa a Telefónica de montar toda una campaña de desinformación sobre las consecuencias de cambiarse de operadora. La "estrategia" pasaba por generar "confusión" con anuncios televisivos y "mailings " dirigidos a las empresas que desertaban. Se les daba a entender que la seguridad o la calidad de las comunicaciones podían resentirse por haber cambiado la preasignación a un competidor. También se les insinuaba que sus averías tardarían más tiempo en ser reparadas y que podían dejar de prestarles en cualquier momento los servicios complementarios, como la identificación de llamadas.

Por ello, el tribunal ordena a Telefónica que envíe cartas "indicando que la preasignación de operador no supone ninguna implicación negativa". A la hora de imponer una multa tan importante, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha valorado que la conducta de Telefónica ha sido "repetitiva y reincidente".

Fuentes de Telefónica calificaron la multa de "disparate" y de "injusta y desproporcionada". Después de anunciar que la recurrirán ante la Audiencia Nacional, desde la operadora recordaron que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) archivó esa misma denuncia cuando fue presentada por Astel en dos ocasiones.

"España es el país más libre de Europa en preasignación, ya que más de 2,2 millones de clientes, que representan el 13% del mercado, se han acogido a esta posibilidad", argumentaron desde la operadora. También señalaron que la Audiencia Nacional rebajó el pasado octubre una multa impuesta a Telefónica por el Tribunal de Defensa de la Competencia de 8,4 millones a 900.000 euros.