Los administradores de Afinsa fueron los responsables de que la empresa de inversión filatélica entrara en quiebra, según determinó ayer un juzgado de Madrid, que califica el concurso de acreedores de culpable y condena a los consejeros Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero creado de 1.825 millones de euros. Al margen de este procedimiento concursosal, los tres condenados ya fueron procesados, en el ámbito penal, por la Audiencia Nacional en el 2013.

En la sentencia de ayer, el Juzgado de lo Mercantil número 6 impide a los exgestores de la filatélica a representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales durante ese tiempo, y les obliga a devolver los bienes y derechos obtenidos indebidamente. Asimismo, deberán pagar a los acreedores concursales y contra la masa, en concepto de déficit patrimonial, cada uno el 33,333% de la cantidad necesaria para pagar los créditos que no se puedan satisfacer con la liquidación de activos, valorada en 1.823,5 millones de euros.

EL FUNDADOR, ABSUELTO El magistrado extiende la condena solo a los administradores sociales en los dos años anteriores al concurso; por ello, absuelve al fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador durante ese periodo, y también absuelve a los colaboradores demandados por la fiscalía al no resultar probada su participación.

La condena se basa, por un lado, en la contabilización incorrecta de las cantidades entregadas por los clientes, ya que se omitieron en las cuentas el compromiso futuro de restituirlas, y por otro, en la sobrevaloración de los sellos. El magistrado imputa a los tres miembros del órgano de administración "los graves, prolongados y constantes actos contables generadores de graves irregularidades", y añade que sometieron esas cuentas a la junta de socios para su aprobación "a sabiendas de que no expresaban la imagen fiel económico-financiera" de Afinsa.

El magistrado hace hincapié en el número y enorme importe de asientos contables no registrados y en las personas afectadas, hasta el punto de dar una imagen "plenamente distorsionada" de la concursada. A ello se une que la valoración contable de los sellos no se ajustaba a los precios de mercado, de forma que Afinsa acumuló durante 25 años 150 millones de sellos "con una importante sobrevaloración".

El juez justifica también su fallo en el retraso en solicitar el concurso, ya que Afinsa estaba en situación de insolvencia "al menos desde el cierre del ejercicio 2005", antes de su intervención judicial en el 2006.