El Congreso va a dar este jueves la primera luz verde al plan de 11.000 millones de euros (7.000 millones en ayudas directas) en apoyos a empresas del Gobierno, pero con una crítica unánime de todos los partidos de la oposición tanto al contenido de las medidas como a la elaboración y gestión que de las mismas ha hecho la vicepresidenta Nadia Calviño. Incluso el socio minoritario de la coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, ha lanzado puyas a la ministra de Economía y ha defendido que la norma es mejorable.

El Real Decreto ha llegado a la cámara entre presiones de los grupos parlamentarios al Gobierno para que amplíe los 95 sectores económicos que podrán recibir las ayudas directas, así como para que permita que el dinero llegue también a compañías que registraron pérdidas en 2019, entre otros cambios. La norma se va a tramitar como proyecto de ley, con lo que habrá que ver qué cambios pactan los grupos en las próximas semanas en el trámite de enmiendas al texto.

Calviño, en esta sentido, se ha mostrado dispuesta a ampliar las actividades económicas beneficiarias, pero de forma un tanto renuente. "Cuentan con nuestra disposición a valorar la ampliación del listado de sectores que en el futuro puedan cumplir con los requisitos establecidos (más de 10% de trabajadores en erte y no haber reincorporado al 75% de los empleados en erte desde los máximos de abril), aunque por supuesto lo que esperamos es que la evolución económica haga que cada vez haya menos sectores y empresas que cumplan estos requisitos", ha asegurado.

El proyecto va a salir adelante gracias a los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y ERC y las abstenciones de PP, PNV y Ciudadanos. "Votaremos que sí solo por responsabilidad para la economía real de pymes y autónomos. Pero merece un no por malo, torpe, ramplón y nada dialogado", ha advertido Joan Capdevila, portavoz económico de ERC, acertando a resumir el pensamiento generalizado de la cámara.