El Congreso de los Diputados convalidará hoy el real decreto ley aprobado por el Gobierno en el que se fijó una subida de la tarifa eléctrica del 2,3% a partir del 1 de enero, después de que la mayoría absoluta del PP haya manifestado su intención de votar a favor.
Esta normativa se diseñó para cubrir el vacío legal existente ante el supuesto de anulación de la subasta eléctrica Cesur, el mecanismo ordinario para determinar el componente energético del recibo de la luz para los clientes acogidos a la tarifa, algo que ocurrió por primera vez en diciembre.
El 19 de diciembre del pasado año, la subasta que debía fijar el precio del componente energético para la tarifa del primer trimestre del año arrojó un fuerte incremento, que hubiera supuesto una subida del recibo de más del 10%.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectó "circunstancias atípicas" en el mercado y rechazó validar la puja, lo que llevó al Gobierno -que había acusado a los agentes participantes de manipulación- a anular su aplicación y a anunciar cambios en el sistema de subasta.
De forma temporal hasta que se apruebe el mecanismo definitivo, el Gobierno determinó una subida de la tarifa del 2,3% para el primer trimestre, resultado de un repunte 1,4% en el componente energético y del 0,9% en la parte regulada.
En realidad, lo que establece la normativa es un determinado precio medio de la electricidad -48,5 euros por megavatio hora (MWh)-, que será el que paguen los consumidores entre enero y marzo independientemente de la evolución del mercado.
Si finalmente el precio medio del trimestre es superior a este, los consumidores tendrán que abonar la diferencia en los meses posteriores, mientras que si es menor, se traducirá en una rebaja de tarifas o en una subida menor.
Durante la defensa de la normativa, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha insistido en que se trata de un sistema "transitorio" que se prorrogará "lo mínimo posible hasta disponer de un mecanismo definitivo".
Soria ha subrayado en que el sector eléctrico español tiene "dos problemas", un déficit tarifario -desfase entre los ingresos y costes del sistema- cercano a los 30.000 millones de euros y un nivel de precios "sustancialmente superior" a los de los países del entorno.
Con respecto al primer punto, ha recordado que el Gobierno "ha llevado a cabo una profunda reforma de las actividades reguladas" que ha logrado que "desde el punto de vista de los ingresos y costes el sistema está en equilibrio", con la excepción de las aportaciones presupuestarias previstas que finalmente no han sido liberadas.
En lo que se refiere a los precios, ha señalado que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la electricidad en diciembre de 2013 era un 3,7% inferior al de un año antes.
Por contra, el diputado socialista José Segura ha considerado que, aunque la invalidación es "lícita", ha supuesto una "intervención administrativa" del precio de la electricidad que podría ahuyentar a los agentes participantes en la subasta.
El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha lamentado que no se evitara la subasta pese a que se conocían las circunstancias atípicas de mercado con antelación y Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha achacado el repunte de precios a los numerosos cambios normativos llevados a cabo por el Gobierno.
Desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha señalado que dado que "los precios dependen del Gobierno" este debería bajarlos, mientras que Pedro Aspiazu, del PNV, ha asegurado que el objetivo de que esta normativa es evitar el "coste político y electoral" de subir la luz.
