Los grupos parlamentarios han logrado por fin, tras casi un mes de negociaciones, alcanzar un acuerdo para evitar que la nueva ley de contratos hipotecarios provoque como efecto secundario indeseado una nueva oleada de desahucios. La normativa, así, no será de aplicación cuando entre en vigor para los créditos cuyo vencimiento anticipado por impago haya sido instado por los bancos (el primer paso para exigir al deudor el pago total de la deuda pendiente y, en caso de no abonarse, iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio).

La nueva ley va a endurecer este primer trámite para iniciar la ejecución de las hipotecas (el proceso solo se podrá iniciar tras impagos de entre 12 y 15 cuotas o el 3% y el 7% del capital) y en principio iba a tener un efecto retroactivo general para favorecer a los clientes con dificultades. El problema es que hay cientos de miles de procesos de ejecución hipotecaria paralizados a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determine si la normativa española todavía en vigor es abusiva.

Su abogado general ya se ha pronunciado a favor de que todos estos procedimientos sean sobreseídos y se espera que, como es habitual, el tribunal dictamine en la misma línea. Pero si la ley hipotecaria se cambiaba de manera totalmente retroactiva, se corría el riesgo de que los desahucios frenados que probablemente se consideren excesivos pasasen a estar justificados por la nueva normativa.

ACUERDO

La mayoría de los grupos han pactado este martes que el endurecimiento del trámite inicial de los desahucios incluido en la nueva ley sea aplicable a los contratos firmados tras su entrada en vigor, pero también a los anteriores siempre y cuando el banco no hubiera instado su vencimiento anticipado.

En cambio, "no será de aplicación este artículo a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlos efectivo, y estuviera suspendido o no", según figura en la disposición transitoria tercera. Con este redactado, se evitar una nueva cascada de desahucios.