El consejo de administración de CAI Inmuebles actuó como mera comparsa a la hora de aprobar, el 13 de julio del 2009, la reestructuración de los negocios inmobiliarios que la entidad tenía con su exsocio en Andalucía, Ramón Marrero. Unas operaciones que, según el informe pericial elaborado por KPMG para la caja y publicado ayer por este diario, provocó un agujero económico a la entidad de 12,6 millones de euros.

Este documento, que ha sido presentado por la caja ante el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza, trata de demostrar que la actuación de Marrero, con la connivencia del exdirector general de CAI, Tomás García Montes, y del consejero de CAI Inmuebles, Javier Alfaro, supuso un importante quebranto para la entidad. Los tres están imputados por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Una de las evidencias que refleja el informe pericial de KPMG es que el máximo órgano de CAI Inmuebles apenas fiscalizó esta operación, que englobaba tres aspectos: desvinculación de CAI de los negocios inmobiliarios que mantenía hasta entonces con sus socios (entre ellos Marrero), la cancelación íntegra de todas las operaciones de financiación que CAI concedió a estas sociedades, y la liquidación de los contratos de gestión que estas sociedades mantenían con Marrero. Para ello, la consultora realiza varias entrevistas a exdirectivos o directivos de la entidad que reflejan el escaso control sobre el riesgo inmobiliario.

"Las operaciones que se integran en el acuerdo marco suscrito con Marrero no se llevaron a cabo ni se decidieron basándose en criterios económicos, ya que, de haber sido así, probablemente no se hubieran realizado", destaca en una de las entrevistas, Juan Rovira, responsable de planificación y control de gestión de la entidad, que acudía a los consejos de la sociedad en calidad de invitado. Y añade: "Cuando las operaciones tenían su origen en García Montes o Alfaro, tan solo se exponían al consejo, sin que se llevase a cabo ningún análisis económico". Además, este tipo de operaciones "ya provenían con cierto nivel de acuerdo y decisión sobre las mismas, y su exposición únicamente obedecía al interés de que constase en acta", refleja el mismo informe.

La propia secretaria no consejera del consejo de administración de CAI Inmuebles, Belén Lamelas, reconoce que las operaciones que provenían de la zona territorial entre Madrid y Andalucía "eran mucho menos detalladas". De hecho, según precisa el informe, "el único documento que se aportó a los miembros del consejo, en relación a las operaciones de desinversión de Marrero, fue una hoja de cálculo". Además, las actas confeccionadas por ella misma no se leían a la finalización de los consejos ni se tenía acceso a las mismas. "Solo un consejero pidió tener acceso a las actas y García Montes se negó a ello".

LA FIRMA DEL ACUERDO De la misma opinión es el consejero de CAI Inmuebles (no lo era en julio del 2009 pero fue consejero de algunas sociedades en el sur de España), Luis Navarro, que a petición de Alfaro acudió a la reunión del 31 de julio del 2009 para abordar la desvinculación de Marrero con la entidad. A la misma también acudieron José Luis Paesa (exempleado de CAI), Raimundo García Figueras (responsable de CAI en la zona sur), Arturo Carpintero (representante de las sociedades Arenales del Casar y Urbanicsa), así como el propio Marrero. Según refleja el informe, en dicho encuentro se analizó como fórmula de compensación a Marrero, que percibiera 1,5 millones de euros por la cancelación de esos contratos de gestión y por el impacto fiscal. Sin embargo, este asunto no se llevó al consejo de administración del 13 de julio. El acuerdo, finalmente, se redactó con posterioridad a la celebración de dicho consejo.

Otro de los entrevistados es Javier Ratón, consejero de CAI Inmuebles y de otras sociedades ligadas a los negocios inmobiliarios en Andalucía. En su declaración detalla que el pago de 1,5 millones a Marrero "no supuso ningún pago directo sino que se encuentra incorporado o repartido entre las distintas operaciones que integran el acuerdo marco". Además, señala que el perjuicio a CAI no es solo por las suscripción del acuerdo sino por la concesión de la financiación por parte de los comités correspondientes de CAI. Y dice recordar que García Montes, además del primer ejecutivo de la entidad, era también miembro del comité de Riesgos que evaluaba operaciones de financiación.