Dos años después de haber empezado a funcionar, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que preside Esther Arizmendi, acumula ya un total de 32 pleitos en diferentes tribunales en la mayoría de los cuales litiga con diferentes organismos públicos para que rompan su negativa a publicar informaciones y datos requeridos por ciudadanos.

Renfe operadora, por ejemplo, se enfrenta en los tribunales al CTBG por la negativa de la empresa pública a difundir las condiciones de licitación para el megacontrato de suministro de 15 trenes de Alta Velocidad, por un total de 2.642 millones. Renfe rehusó dar estos datos por considerar que al tratarse de un procedimiento restringido, los pliegos solo son entregados a las empresas que han superado el proceso de clasificación (Alstom, CAF, Siemens y Talgo). Este ciudadano pidió amparo al Consejo de Transparencia, que le dio la razón el 6 de junio. Renfe, sin embargo, optó por presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del CTBG para defender su negativa a publicar tales datos y ahora se está a la espera de la sentencia. Mientras tanto, el 28 de noviembre se conoció que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, adjudicó el contrato a Talgo en una decisión que levantó suspicacias en la francesa Alstom, la canadiense Bombardier y la alemana Siemens, que pidieron información a Renfe.

Este es solo un ejemplo de los litigios acumulados por el CTBG desde que empezó a funcionar, en enero del 2015. De los 32 recursos judiciales interpuestos frente a resoluciones del Consejo de Transparencia, 20 han han sido presentados por organismos públicos que no están de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Transparencia (como es el caso de Renfe Operadora), según consta en el informe del balance del organismo en el 2016.