El Tribunal Constitucional (TC) considera que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores con duración de un año del periodo de prueba "atiende a la legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable".
El TC avaló ayer varias aspectos de la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 por una mayoría de 9 votos frente a 3 en contra, al estudiar el recurso de inconstitucionalidad que planteó el Parlamento de Navarra contra algunos puntos de la citada reforma.
El Constitucional señala que el contrato de apoyo a emprendedores tiene como objetivo "hacer atractiva a las empresas la contratación indefinida de trabajadores" y subraya que el periodo de un año permite comprobar "la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo".
También subraya las importantes limitaciones legales que fija la ley para que los empresarios puedan recurrir a esta modalidad de contrato, como tener menos de 50 trabajadores o que la tasa de paro no esté por debajo del 15%.
El Constitucional destaca que, además del contrato de apoyo a emprendedores, ha avalado otros dos preceptos: la posibilidad de que en caso de discrepancia entre las empresas y los trabajadores negocien sobre la no aplicación de un convenio colectivo (descuelgue) y la aplicación prioritaria de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior (sectoriales) en algunas materias.
Sobre el descuelgue de un convenio, el TC recalca que pretende "facilitar la viabilidad del proyecto empresarial y evitar el recurso a decisiones extintivas de los contratos de trabajo" en un contexto económico "muy grave"
El pleno explica que la intervención de la comisión es limitada y resulta "justificada, razonable y proporcionada".
Asimismo, asegura que los dos modelos de negociación colectiva (sectorial o de empresa) son constitucionalmente legítimos.
En este sentido, indica que la finalidad es la defensa de la productividad y la viabilidad de la empresa, y en última instancia del empleo, objetivos que entroncan con derechos y principios constitucionales como el derecho al trabajo, la libertad de empresa, la defensa de la productividad y el fomento del empleo.
