Los contribuyentes que cobraron prestaciones de maternidad o paternidad en el 2016 y 2017 ya pueden solicitar desde ayer la devolución del IRPF correspondiente, según hizo público la Agencia Tributaria en un comunicado. Para reclamar la devolución, el organismo ha habilitado un formulario específico on line en su página web (www.agenciatributaria.es) en el que se debe indicar el año en que se percibió la ayuda y un número de cuenta bancaria, sin necesidad de adjuntar documentos adicionales. También es posible solicitarlo en papel.

Ante la sentencia del Tribunal Supremo que declaró exentas de tributación las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda puso en marcha un mecanismo para reclamar la devolución de los años no prescritos, en el que incluyó también los permisos de paternidad. Hacienda estima que se reintegrarán unos 1.200 millones de euros a más de un millón de progenitores, con un importe medio de 1.600 euros en las prestaciones de maternidad y 383 euros en las de paternidad.

Quienes cobraron prestaciones de maternidad o paternidad en el 2014 o el 2015 pueden solicitar la devolución del IRPF desde el pasado diciembre. La Agencia Tributaria cifró en 672.746 el total de peticiones de reintegro recibidas por dichas prestaciones hasta el 31 de diciembre. En relación a las prestaciones correspondientes al 2016 y al 2017, Hacienda se comprometó a iniciar las devoluciones «en los próximos días».

Los contribuyentes que hayan cobrado prestaciones en el 2018 no tienen que hacer ningún procedimiento, ya que presentarán la declaración de la Renta de ese ejercicio en el 2019 y ya figurarán como exentas.

Los colectivos no integrados en el régimen de la Seguridad Social, como empleados públicos y autónomos, también podrán reclamar las devoluciones por el mismo sistema. Así lo habilitó el Gobierno a través de un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre.

El Ejecutivo consideró que la sentencia del 3 de octubre del 2018 del Supremo, que declaró exentas dichas prestaciones para el colectivo de asalariados, incurría en una «discriminación difícilmente justificable», según justificó en un comunicado.