El número de oficinas bancarias se ha reducido un 42% desde el inicio de la crisis y el 52,2% de los municipios españoles y el 2,9% de la población no cuentan con acceso a una sucursal, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Para paliar este creciente problema de exclusión financiera, Correos se ofreció ayer a la banca para prestar algunos de sus servicios más básicos en sus 2.396 oficinas distribuidas por toda España.

Su presidente, Juan Manuel Serrano, anunció que la empresa pública ya ha mantenido conversaciones con «algunos bancos». La compañía ya ofrece un servicio de ingreso y envío de efectivo, ingreso de cheques y petición de envío de efectivo a domicilio a través de Correos Cash a bancos como Evo y Mediolanum. También podría acordar con las entidades otras opciones, como la apertura de una cuenta o la entrega de documentación.

El ejecutivo, nombrado en julio por el Gobierno, explicó que uno de sus objetivos es que las oficinas de Correos den «mucho más de sí», mediante acuerdos con empresas privadas para comercializar sus productos, como las tecnológicas. También está en conversaciones con ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado para aumentar los trámites administrativos que se pueden realizar en sus sucursales, que el año pasado recibieron 93,5 millones de visitas.

INTERNACIONALIZACIÓN

Otro de los pilares de su estrategia es internacionalizar Correos por primera vez en sus 302 años de historia. Para ello, ha creado una comisión de negocio internacional que está estudiando cómo entrar en los dos mercados que el grupo se ha fijado como objetivos: Portugal (donde querría tener su propia red de distribución las 24 horas) y el sudeste asiático, la región mundial con mayor envío de paquetes (donde pretende entrar en el negocio logístico para convertir el aeropuerto de Madrid en un nudo de paquetería).

Correos perdió unos 150 millones el año pasado y el proyecto de Presupuestos del Estado para este año calcula unos números rojos de 7,4 millones. Serrano, sin embargo, defendió que la compañía «tiene capacidad para estar en números negros». En esta línea, recordó que el año pasado tuvo que devolver 134 millones al Ministerio de Fomento por orden de la Comisión Europea en concepto de sobrepago por la prestación del servicio postal universal entre el 2004 y el 2010.

El directivo sostuvo que dicho servicio (que implica la obligación de llevar las cartas a cualquier punto de España) debería recibir de las cuentas públicas 180 millones al año y aplaudió que el Gobierno haya elevado este año la partida de los 120 a los 150 millone. También se mostró confiado en que a lo largo del ejercicio se pueda firmar por fin un contrato regulador de este servicio entre la compañía y el Estado, una vez Bruselas apruebe el sistema de cálculo del mismo. «La competencia quiere dar la imagen de una empresa ineficiente. No es una subvención, es una contraprestación», defendió.