El día 10 de febrero del 2012 ha quedado marcado como una fecha clave en la reciente historia del mercado de trabajo. En plena crisis económica y con una destrucción masiva de empleo, el Gobierno del PP aprobó una reforma laboral exprés que ha dejado una profunda huella y que, seis años después, concita una presión creciente para cambiarla o dar marcha atrás, como demuestran las manifestaciones celebradas esta semana en Barcelona, Madrid y otras ciudades.

El Ejecutivo popular se ha convertido, de hecho, en el único defensor, aunque tampoco a capa y espada, puesto que tiene sobre la mesa una modificación de varios aspectos, como las fórmulas de contratación para intentar atajar la elevada temporalidad (26,7%), que se ha convertido en una de las asignaturas pendientes del decretazo.

Ante las críticas, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presumen de la fuerte creación de empleo en los últimos años. En el 2017 se crearon 490.300 puestos, con lo que se llegó a 18,9 millones de ocupados y finalizó con una reducción del paro hasta el 16,65% frente al 22,5% del 2011.

Hasta ahí las cifras positivas de la evolución del mercado laboral que el Partido Popular atribuye, entre otros factores, a la flexibilidad introducida por la norma. Pero el precio que se ha tenido que pagar ha sido una abultada temporalidad y precariedad de los contratos de trabajo, así como una «devaluación interna» sin precedentes de las condiciones salariales.

El trasvase de poder a las empresas y las organizaciones empresariales en la negociación colectiva aceleró, según aseguran los sindicatos, esa devaluación, que cuantifican en más de siete puntos desde el ejercicio 2009 con un 32% de los asalariados que cobran alrededor del salario mínimo interprofesional (SMI) o incluso menos de 736 euros.

La UGT reclama un plan de choque que genere trabajos y salarios de calidad y que acabe con los altos niveles de pobreza y desigualdad. El líder del CCOO, Unai Sordo, alertó días atrás de que es necesario corregir «cuanto antes» la «apuesta» que el Gobierno hizo por la precariedad laboral porque causa fragmentación y segmentación en el mundo del trabajo.

CAMPAÑA DE DENUNCIA

Uno de los principales focos de precariedad se produce en la subcontratación de servicios al permitir que los convenios de empresa rebajen las condiciones de los acuerdos sectoriales. El colectivo más popular de los afectados por esta medida son las camareras de piso de los hoteles, las kellys, que se han organizado para mejorar sus condiciones laborales.

El PSOE ha iniciado una campaña de denuncia pública y en el Congreso de los Diputados sobre las consecuencias negativas de la norma que centrará la agenda del partido y de su secretqario general Pedro Sánchez durante los próximos días. El grupo socialista hará cinco preguntas al Gobierno sobre la reforma en la próxima sesión de control del Congreso.

Los socialistas abogan por derogarla «totalmente». El secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales y exdirigente de UGT, Toni Ferrer, defiende que se dé marcha atrás en la reforma laboral del Partidio Popular y en la que aprobó el Ejecutivo del PSOE en el año 2010, que tacha de «error estratégico». «Ni la del 2012 ni la del 2010. Es necesaria una construcción nueva», puso de manifiesto tan solo hace unos días.