Los principales fondos acreedores del Popular, que perdieron 850 millones de euros con su intervención y venta al Santander el pasado junio, creen que la Junta Única de Resolución europea y el Banco de España no hicieron lo suficiente para evitar la debacle de la entidad. Además, les acusan de fijar un precio de venta tan bajo que implicaba que los accionistas y bonistas de la entidad debían perder todo su dinero.
