La asamblea de delegados de UGT celebrada ayer en el edificio Etopia de Zaragoza constató que la suspensión del hasta ahora máximo responsable de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Aragón, Ignacio Aguar, ha abierto una profunda brecha en FSP y en la propia organización sindical. Poco después de que los líderes Cándido Méndez y Daniel Alastuey entraran en la asamblea, una treintena de delegados de FSP levantaron unos carteles en los que se podía leer Todos somos Ignacio, Somos transparentes. Somos Ignacio y en los que aparecía una fotografía de Aguar con la boca tapada. Al instante, miembros de otras federaciones se levantaron para aplaudir la acción de sus compañeros. La protesta evidencia la división en FSP y profundiza aún más la crisis interna en UGT Aragón.

Los díscolos de FSP (unos 40 delegados sobre 100), que apoyaron la decisión de Aguar de ofrecer una rueda de prensa para airear una serie de críticas en contra de la orden de Madrid, consideran que la fulminante suspensión del sindicalista es un "ataque directo" contra ellos y un "aviso" para que los que no comulgan con los órganos de dirección "no abran la boca".

Sin embargo, y tras aseverar que las prácticas irregulares denunciadas por Aguar son "falsas", Alastuey subrayó que la "democracia interna" en UGT Aragón es "plena" y afirmó que no se va a ejercer "ningún tipo de coerción" sobre nadie. El líder sindical apuntó asimismo que la organización está abierta al debate y a la crítica siempre, eso sí, que se haga por los cauces establecidos por el sindicato.

Méndez, que apenas quiso entrar a valorar la polémica, consideró que entender que la suspensión es fruto de la falta de democracia en UGT es "una lectura interesada y equivocada". En este sentido, comentó que dentro de la organización hay unas normas "que deben ser conocidas".

EL ORIGEN DE LA CRISIS El conflicto en FSP Aragón se precipitó por una controversia en torno al número uno de UGT en Teruel, Aurelio Palomares. Aguar pidió, primero en una carta a Alastuey y luego en rueda de prensa, que este fuera apartado de su cargo por el "abuso económico que estaba infringiendo a la organización", ya que consideraba que el sindicato le pagaba de "forma injustificada" el alquiler de un piso en Teruel, así como el agua, la luz, el teléfono y la calefacción.

Alastuey aseguró ayer que se enteró del malestar en el seno de FSP a través de la carta, mientras que el grupo de los díscolos afirma que se lo comunicaron con anterioridad y que el líder de UGT "no quiso debatir el tema".

Aguar apuntó además que no solicitó la dimisión de Palomares (ahora liberado) hasta que no confirmó "en septiembre" que su anterior puesto de trabajo (era chófer de la DGA) estaba en Teruel capital. "Si hubiera estado en Zaragoza entenderíamos que se le pagara el alquiler", dijo. Sea como sea, Alastuey insistió ayer en que este punto era conocido por Aguar desde hace tiempo.

El líder de UGT aseguró que la suspensión está "justificada" porque Aguar dio a entender que Palomares se ha beneficiado de gastos indebidamente. "Llegó incluso a pedir que devolviera el dinero cuando él no ha obtenido ningún beneficio ya que es la organización la que alquila el piso", dijo Alastuey, que indicó que Aguar lo planteaba "casi en términos delictivos". Aguar recordó que solo quería denunciar un "trato de favor injustificado" en un momento delicado para UGT (adeuda dos nóminas a sus 60 empleados).