Las aguas siguen revueltas en la Denominación de Origen (DO) Jamón de Teruel. El grupo de los industriales apartados del Consejo Regulador denuncia que la comisión gestora impuesta por el Gobierno de Aragón para dirigir de forma provisional la institución "se está saltando la normativa" al obligar a que las candidaturas para las próximas elecciones --que se celebrarán el 9 de junio-- estén formadas por tres representantes de grandes jamoneros (los que producen más de 4.000 perniles), uno de los pequeños y otro de los mataderos y salas de despiece.

Esta decisión "contraria a derecho y a la Constitución", según consideran, supondría que los 15 empresarios más fuertes de la denominación elegirían al 60% de los vocales, lo que les aseguraría la mayoría en el consejo. Por este y otros motivos --como la implantación de nuevas tasas "desmesuradas" e "injustas" para los empresarios más modestos, que alcanzan los 4.000 euros--, el grupo liderado por el expresidente, Eugenio García Belenguer, ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Aragón para solicitar la suspensión de la junta gestora y que sus decisiones sean declaradas nulas, según confirmó a este diario.

Este bloque ha manifestado que recurrirá cualquier medida que tome la gestora que le perjudique y ha anunciado que se presentará a los comicios del día 9. "El presidente de la junta dice que está trabajando en formar una lista de consenso, pero a nosotros nadie nos ha llamado", asegura García Belenguer. El 3 de mayo se aprobarán los censos definitivos, del 12 al 22 se podrán presentar las candidaturas y la campaña electoral durará del 31 de mayo al 7 de junio.

La crisis en el seno del Jamón de Teruel estalló a mediados de enero, cuando la mitad del pleno (el bloque ganadero) dimitió por "desacuerdos con la gestión" del entonces presidente, García Belenguer, apenas seis meses después de ser nombrados. Desde entonces, una comisión elegida por el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, dirige la institución, que fue registrada por la Policía Nacional tras una denuncia por posibles delitos económicos y fraude en la certificación de jamones, investigación que sigue en curso.