El economista turolense Francisco Comín será el invitado en una nueva Jornada Técnica de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) que se celebrará el próximo miércoles en el Salón de Columnas del Edificio Bantierra de Zaragoza a partir de las 12 horas. En ella, analizará la deuda del Estado español.

-¿De qué manera repercute en los ciudadanos la elevada deuda pública?

-La deuda pública influye sobre los ciudadanos de distintas maneras. Por un lado, los ciudadanos que invirtieron sus ahorros en comprar deuda pública, española o de otros países, cobran el cupón y pueden obtener ganancias de capital especulando con los títulos. Esta inversión la pueden hacer directamente comprando los títulos y también indirectamente a través de fondos de inversión o de sus planes de pensiones. Con lo cual, casi todos los españoles tienen deuda. Por otro lado, los contribuyentes pagan con sus impuestos esos intereses, a través del presupuesto del Estado. De manera que la deuda pública es un mecanismo redistribuidor de la renta de los contribuyentes hacia los tenedores de la misma. Si toda la deuda pública española estuviera mantenida por inversores españoles el efecto y la riqueza neta de los títulos sería nula. Pero como una parte importante de la deuda está mantenida por no residentes, una parte de los intereses va a parar al exterior. Cuando la deuda pública es tan elevada (el 98,5% del PIB en 2017), los contribuyentes tienen que pagar más impuestos para atender los intereses de la deuda y también ver reducidos los servicios públicos que reciben.

-Durante la crisis la deuda pública se disparó y sus efectos fueron evidentes.

-El aumento implicó que los gastos en intereses del Estado aumentaron del 8,5% al 17,1% del gasto total entre 2009 y 2013. Esto quiere decir que el aumento de la deuda obligó al Estado a reducir otros gastos, entre los que se encuentran los gastos sociales. Por lo tanto, los contribuyentes tuvieron que pagar mayores intereses de la deuda y vieron reducir sus prestaciones sociales o sus salarios, en el caso de los funcionarios. La tardía intervención del Banco Central Europeo para sostener las deudas de los países periféricos de la Eurozona redujo los tipos de interés, lo que permitió una reducción de las cargas por intereses desde 2014.

-¿Quién pagará la deuda?

-Las cargas de la deuda son la suma de los intereses, que ya están siendo pagados por los contribuyentes españoles, más la devolución del principal de los títulos que vencen cada año. La cancelación de la deuda pública puede producirse por su amortización desde el presupuesto del Estado a su vencimiento, en cuyo caso la deuda será devuelta por los contribuyentes que pagarán mayores impuestos. En este caso, la deuda pública a largo plazo es un mecanismo de transferencia intergeneracional de renta, puesto que la deuda emitida en la actualidad, que permite pagar los gastos del Estado que benefician a la población actual, será devuelta por las siguientes generaciones. Lo cual quiere decir que el consumo público actual será pagado por nuestros hijos o por nuestros nietos. Una alternativa sería la privatización de propiedades públicas, pero esta vía está agotada porque ya no queda patrimonio público que privatizar.

-¿Qué está haciendo bien y mal el Gobierno en este capítulo?

-El gobierno español ha estado incumpliendo sucesivamente los objetivos marcados por Bruselas, de reducir el déficit público al 3%. Esto fue debido a la dificultad de seguir recortando los gastos sociales y también al aumento de los gastos públicos en los años con elecciones, que aumentaron el déficit al 5,1% del PIB, en 2015. Bruselas fue comprensiva con la situación española y aumentó las previsiones de déficit previsiones en 2016 y 2017, y la situó en el 2,2% en 2018. Al mismo tiempo la Comisión Europea perdonó la multa por incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit. En el campo de la deuda, lo que está haciendo bien el gobierno, en concreto la Secretaría de Estado del Tesoro, es realizar una política correcta de la deuda aprovechando los bajos tipos de interés creados por las compras del Banco Central Europeo para reducir el coste de financiación del Estado y alargar los plazos de vencimiento, reduciendo la deuda flotante, que es la más difícil de refinanciar en caso de crisis.

-¿Qué posibilidades hay de que España acabe en una suspensión de pagos?

-Mientras siga el sostenimiento de las deudas periféricas por el Banco Central Europeo, con unos bajos tipos de interés, continúe el crecimiento económico, aunque sea modesto, y el gobierno controle el déficit, la deuda española será sostenible, a pesar de su alto volumen. Pero cuando desaparezcan estas condiciones favorables, volverá una crisis de la deuda del Estado, ante la cual el gobierno español tendrá el margen de maniobra marcado por las autoridades comunitarias.

-¿Qué pasará cuando acabe el programa de compra de activos (‘<b>Quantitative Easing’</b>) del BCE?

-Esta es la gran incógnita que pocos se atreven a responder, porque no hay antecedentes históricos de la flexibilización cuantitativa de la política monetaria, ni de su vuelta atrás. En la Unión Europea va a ser más complicado que en Estados Unidos finalizar el QE porque las instituciones económicas y particularmente el euro están a medio construir y, por lo tanto, el cese de la compra de deuda pública de los países periféricos por parte del Banco Central europeo podría tener consecuencias lamentables para España y también para Alemania. Si la política de apoyo a las deudas periféricas del Banco Central Europeo acabó con las crisis de las deudas soberanas en España, Irlanda y Portugal (e incluso en Grecia), hay que pensar que la operación inversa tendrá los efectos contrarios. Es decir que cuando acabe la compra de deuda española o italiana (Draghi es italiano, como sabe todo el mundo) volverán las crisis de la deuda en estos países endeudados.

-¿Son compatibles las políticas de control y reducción del déficit público con el mantenimiento del Estado del Bienestar?

-Pues claro que son compatibles. Por otro lado, el Estado del Bienestar admite distintas configuraciones según los países y las circunstancias. Los Estados son como las empresas o las economías domésticas: sólo pueden gastar lo que les permite su restricción presupuestaria, aun cuando pueda ser ampliada por la emisión de deuda. Luis Ángel Rojo decía que la misión de los economistas es recordar a los políticos y a la población que los Reyes Magos no existen. Lo que no deberían los políticos es iniciar grandes programas de gastos sin tener asegurados los recursos fiscales para financiarlos. En el caso español bastaría con gestionar mejor los fondos existentes. Pueden reducirse gastos combatiendo la corrupción y evitando sobrecostes en el empleo y la contratación públicas o prescindiendo de instituciones redundantes o innecesarias. Para aumentar los ingresos fiscales en este país, sin aumentar la presión fiscal de los contribuyentes ya cumplidores, bastaría con combatir adecuadamente el inmenso fraude fiscal existente. Esto aumentaría la equidad distributiva, que es una función también esencial del Estado del Bienestar.