La cuenta final todavía tardará algunos años en saldarse, pero lo que es prácticamente seguro es que será negativa para los contribuyentes españoles. A pesar de las promesas que en su día realizaron los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy tras inyectar las ayudas, las arcas del Estado no lograrán recobrar todo lo aportado a los bancos quebrados (mayoritariamente cajas, en realidad) durante la Gran Recesión. "Es muy difícil que se recupere el conjunto del dinero que se inyectó al sector financiero", admitió el pasado enero la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Las cifras bailan según los conceptos que se incluyan. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, calculó hace dos años el coste en 61.718 millones de euros, la mitad de los 122.122 millones aportados por el Estado. Sus cuentas, sin embargo, incluyen elementos como los apoyos a la liquidez concedidos al principio de la crisis, que fueron devueltos. Además no están actualizadas, porque la factura va variando año a año.

El Banco de España, por su parte, solo tiene en cuenta las aportaciones de capital y las futuras pérdidas que el Estado se comprometió a asumir en las entidades rescatadas para que las compraran otros bancos sanos. El organismo supervisor ha actualizado esta semana sus cifras y estima que el coste del rescate a día de hoy asciende a 42.642 millones, el 78% de los 54.353 millones inyectados como capital y 132 millones más que un año antes.

Variaciones

La cantidad va variando debido a tres factores. Por un lado por la cotización bursátil de Bankia, que ha caído un 72,14% desde que el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a poner los tipos oficiales en negativo en junio del 2014. Con cifras del cierre del 2018, el Estado considera recuperables 9.560 millones, el 39% de los 24.069 millones que le inyectó. Pero en lo que va de año, sus acciones han bajado otro 40,71%.

Un segundo elemento es el valor del 45% de la Sareb en manos públicas, que sigue hundiéndose debido a los continuos números rojos del llamado banco malo. El Estado aportó 2.192 millones de euros a la firma y ya ha tenido que asumir unas pérdidas contables de 2.024 millones, el 92% del total inyectado. Los gestores de la empresa ya han reconocido que no podrán devolverlo todo y su objetivo es ahora no tener que pedir más dinero público.

El tercer factor son las pérdidas que el Estado se comprometió a cubrir en las entidades intervenidas para que las compraran bancos solventes. La factura de estas garantías para las arcas públicas se estabilizó el año pasado en 2.326 millones, pero gracias a que las más relevantes se cargaron contra el Fondo de Garantía de Depósitos. Este fondo se financia con las aportaciones del sector y acumula ya un coste de 21.059 millones entre pérdidas asumidas e inyecciones de capital.

Escasa recuperación

Frente a todas estas pérdidas efectivas y previsibles, el Estado solo ha recuperado 4.477 millones, el 8,2% del capital inyectado, y el Fondo de Garantía de Depósitos otros 748 millones, el 7,6%. Teniendo en cuenta la precaria situación de la Sareb y que las pérdidas por las garantías no pueden bajar, la principal esperanza para aumentar la recuperación de ayudas es que Bankia suba en bolsa. Pero tendría que revalorizarse un 707% para devolver por sí sola todo lo inyectado al sector, algo prácticamente imposible.

Frente a estas pérdidas casi seguras, el argumento defensivo es que la alternativa hubiera sido aún peor. Si se hubiera dejado caer a las entidades quebradas, el Tesoro habría tenido que emitir deuda para cubrir los 250.000 millones de euros en depósitos garantizados de dichas entidades y además los clientes hubieran perdido otros 237.000 millones en depósitos no protegidos (por encima de 100.000 euros). "Hubiera supuesto casi automáticamente el rescate completo de nuestra economía o bien incluso nuestra expulsión de la unión monetaria", aseguró el exministro de Economía Luis de Guindos a principios del 2018.