La cuestión de fondo que provocó la caída del Popular fue un problema de solvencia derivado de su excesiva carga de activos inmobiliarios, pero la razón más inmediata de su intervención respondió a un colapso de liquidez. El banco perdió 18.000 millones de euros en depósitos desde el cierre de marzo hasta el 7 de junio y 6.000 millones en solo tres días, hasta el punto de que el Santander le tuvo que inyectar 16.000 millones tras comprarlo por un euro para que pudiera seguir operando. La operación, así, puso en evidencia las deficiencias de la normativa comunitaria de resolución bancaria, lo que ha reavivado el debate en Europa sobre la posibilidad de imponer corralitos a entidades en apuros.
El asunto viene de lejos. El pasado noviembre, la Comisión Europea propuso que las autoridades de resolución bancaria nacionales (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, en el caso español) tras consultarlo con las europeas (la junta del Mecanismo Único de Resolución, MUR) puedan imponer un corralito’ de hasta cinco días laborables a entidades con problemas. Eso sí, quedaría excluido el dinero cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (depósitos minoristas de hasta 100.000 euros) para no perjudicar la «confianza del mercado».
«Es necesario porque los acreedores de un banco que esté cerca de entrar en resolución pueden decidir retirar sus posiciones acreedoras, lo que puede provocar una reacción en cadena, dificultando potencialmente el proceso de resolución ordenada del banco. Imponer una suspensión en la salida de recursos durante un corto periodo de tiempo facilitaría la valoración de los activos y pasivos y la pronta ejecución de un futuro rescate interno u otras estrategias de resolución», esgrimió Bruselas.
Su argumento resultó premonitorio. La situación de liquidez del Popular era tan crítica que el MUR y el FROB tuvieron que intervenirlo en la madrugada de un martes a un miércoles, cuando la normativa europea indica que es mejor esperar a un fin de semana en caso de poder hacerlo para perjudicar lo menos posible al mercado. De haber estado en vigor el cambio legal propuesto por Bruselas, el banco hubiera sido intervenido igualmente, pero el proceso podría haber sido quizás más ordenado ya que empresas e instituciones no hubieran podido retirar fondos del mismo.
CAMBIOS LEGALES
Ante esta situación, las autoridades de supervisión y resolución europeas han urgido estas últimas semanas a los legisladores comunitarios a aprobar cambios legales. «Hay grandes ventajas en una herramienta de moratoria (como se le conoce en lenguaje técnico) que cubra todos los pasivos para ganar tiempo si hace falta o para llevarnos hasta el fin de semana en caso de que un banco sea declarado inviable o con probabilidad de inviabilidad», defendió Elke König, responsable del MUR, en el Parlamento Europeo un mes después de la caída del Popular
Más recientemente, Sabine Lautenschläger, número dos del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE), también lo defendió. «Si un banco se mete el problemas, todas las salidas de efectivo pueden inicialmente ser frenadas. Es una herramienta que existe en Alemania, pero no en España», destacó en una entrevista en el diario germano Mannheimer Morgen. Las dos, así, han pedido que los depósitos garantizados también queden sometidos al corralito.
Precisamente, la presidencia de turno de la Unión Europea, ejercida por Estonia, ha propuesto a los Estados socios que las autoridades bancarias puedan imponer la suspensión de la retirada de fondos durante cinco días laborales, ampliables a 20 días en casos excepcionales, e incluyendo los depósitos garantizados. Solo se permitiría a los depositantes retirar una cantidad limitada de dinero, según reveló Reuters a finales de julio. La iniciativa se discutió el 13 de julio, pero la falta de acuerdo hizo que el debate se pospusiese hasta septiembre. El Ministerio de Economía apuntan que el Gobierno «está siguiendo las conversaciones a nivel técnico, pero no tiene aún una postura». La patronal bancaria europea y algunos países están en contra porque creen que hará que los clientes se lleven su dinero a la primera señal de problemas en una entidad.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió el pasado junio en la comisión de economía del Congreso que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) tiene un «problema importante», destapado por el Popular. Así, apuntó que iba a plantear al eurogrupo que se creara un «mecanismo para proveer de liquidez a bancos que estén en un proceso de resolución». «A veces en un banco es difícil distinguir entre un problema de liquidez y un problema de solvencia», argumentó.
En julio, Elke König, responsable del MUR, apuntó en la misma dirección y se mostró partidaria de este tipo de medidas a la luz de lo ocurrido con el Popular.
