Septiembre del 2008, nueve días después de que la quiebra de Lehman Brothers marque el inicio de la mayor crisis económica desde la II Guerra Mundial. “Quizás España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor”. Ahora puede sonar a broma pesada, pero lo afirmó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante altos ejecutivos de grandes empresas estadounidenses en Nueva York. Nueve años y medio después, y tras la imputación por la Audiencia Nacional de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España nombrado por el Ejecutivo socialista, y parte de su equipo por la salida a bolsa de Bankia, la reputación de los supervisores -el banco central y, en menor medida, la Comisión Nacional del Mercado de Valores- atraviesa su momento más bajo.
Los problemas, empero, vienen de antes. El Banco de España cuenta con una ley de autonomía que en teoría le da independencia del poder político. Pero distintas fuentes financieras sostienen que esta supuesta libertad, si bien nunca ha sido absoluta, se redujo notablemente tras los mandatos de Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo. "El error del Banco de España fue aceptar ser correa de transmisión del Gobierno cuando no es su papel", valora un alto ejecutivo bancario que fue testigo directo de la actuación y presiones al supervisor antes y durante la crisis.
La institución supo anticipar en parte la burbuja inmobiliaria. Así lo atestiguan distintos pronunciamientos ("La magnitud de la sobrevaloración podría llegar al 20%", advirtió, por ejemplo, en el 2003) y el que obligase a los bancos a crear la inédita hucha de provisiones anticíclicas para cuando la situación empeorase, que a la postre se reveló insuficiente, pero que en su día le acarreó una dura pugna con el sector.
El problema, más allá de lo imprevisible de una crisis de la magnitud de la Gran Recesión, es que su cúpula se vio contaminada por la influencia política de forma inusitada en el peor momento. Rodrigo Rato, como vicepresidente económico, puso al frente de la institución a su director del Tesoro, Jaime Caruana, en unos años en que el sobrecalentamiento del ladrillo impulsaba un fuerte crecimiento económico del que el Gobierno presumía. En el 2006, en una carta dirigida al sustituto de Rato, el socialista Pedro Solbes, laAsociación de Inspectores del Banco de España, denunció la “pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza”.
LLAMADAS A LA BANCA
El Gobierno de Zapatero tampoco lo remedió. Por el contrario, nombró a Fernández Ordóñez, su secretario de Estado de Hacienda, en sustitución de Caruana. Al nuevo gobernador le tocó gestionar la peor crisis financiera de la historia reciente del país, y el Ejecutivo volvió a marcar sus pasos. Se puso especialmente en evidencia cuando en el 2011 el Gobierno aprobó una ley que en la práctica iba destinada a forzar a Bankia a salir a bolsa, al fijar requisitos de capital distintos a los bancos según cotizasen o no. Pese a las advertencias del inspector jefe de la entidad, que alertó a sus superiores de que el banco presidido por Rato "no era viable", los altos cargos del supervisor se afanaron en que la operación saliera adelante.
Fernández Ordóñez llamó a presidentes bancarios, salvo aFrancisco González, del BBVA, con quien tenía mala relación y al que sabía que no podía convencer, explica un alto directivo que participó de aquellos contactos. El subgobernador, Javier Aríztegui, se encargó de los consejeros delegados, defendiendo que la operación era buena para la economía y la banca. Hasta tres veces habló con cada uno. El director general de Supervisión,Jerónimo Martínez Tello, contactó con los directores financieros con argumentos más técnicos. La vicepresidenta económica,Elena Salgado, se ocupó de las empresas no bancarias que apoyaron la operación, como Iberdrola, Telefónica o ACS. Y, concluye la fuente, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, también hizo gestiones para impulsar una operación que Zapatero calificó de "decisiva".
El BBVA fue el único gran banco que se negó. La operación, argumentó, no tenía sentido porque suponía entrar en un competidor, por el mal estado real de Bankia pese a las afirmaciones de las autoridades, y porque lo mejor era que se purgara a las entidades malas, según argumentó la entidad que preside González. El resto del sector bancario estaba pendiente de lo que hiciera elSantander: solo si los dos grandes rechazaban la operación podían ellos negarse también. Pero Emilio Botín, siempre partidario de llevarse bien con el Ejecutivo de turno, no tardo en dar su sí.
PRESIONES POR SAREB
El relato coincide con el del ministro de Economía, Luis de Guindos. "La salida a bolsa de Bankia fue una decisión política. Se definió por el Gobierno como una cuestión de Estado, en la que su Gobierno forzó voluntades e hizo que los supervisores miraran hacia otro lado", le espetó a un diputado socialista en el 2014. Su gestión, sin embargo, ha repetido formas del pasado. Un directivo asegura que la presión para participar en el banco malo Sareb fue "mucho más dura" que la de la época de Zapatero por Bankia. "En una reunión sobre el rescate de las autopistas, Jiménez Latorre(exsecretario de Estado de Economía) nos dijo: el ministro me ha dicho que os recuerde que los principales beneficiarios de la reestructuración financiera sois vosotros", pone como ejemplo.
También con el Banco de España. Tras llegar al ministerio, Guindos comenzó a ejercer en la práctica de gobernador ("El Banco de España hacía bastantes años que no lidiaba con una crisis financiera", se justificó en su libro del 2016), regulando las provisiones que tenía que hacer la banca vía real decreto, y forzando la salida anticipada de Fernández Ordóñez y su sustitución por un técnico Luis María Linde. En los años siguientes ha mantenidoenfrentamientos con el organismo, particularmente con el ya exsubgobernador, Fernando Restoy, que han sido el corolario de 17 años de declive de la institución.
