La aprobación de la nueva modalidad del contrato de inserción, incluida en la ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, se produjo en marzo del 2001 rodeada de un fuerte enfretamiento entre el Gobierno del PP y la oposición socialista. El ministro de Trabajo en aquellas fechas, Juan Carlos Aparicio, justificó la nueva modalidad del contrato de inserción para "actividades de asistencia social, al margen de los ordinarios". El diputado del PSOE y actual ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, denunció que el contrato de inserción carece de regulación, se desconoce su retribución, jornada y parece dirigido a reducir costes laborales". Sevilla afirmó, en el debate de la ley celebrado en el Congreso, que es "sorprendente que el Gobierno cree nuevos contratos precarios para reducir la precariedad".
La reforma del 2001 extendió el contrato indefinido con indemnización reducida de 33 días por año de servicio a jóvenes hasta 30 años, mujeres desempleadas y parados con más de seis meses en el Inem. También estableció una indemnización de ocho días de sueldo por año trabajado para los contratos temporales y flexibilizó el contrato a tiempo parcial eliminando el límite máximo del 77% de la jornada completa. La respuesta a los cambios provocó un distanciamiento entre la UGT, partidaria de una huelga general, y CCOO, que después firmó un acuerdo de pensiones con el Gobierno.
