El Gobierno y los partidos que hicieron posible la moción de censura aprietan para tener listo para el Consejo de Ministros de este viernes el nuevo real decreto ley que reforme la legislación de los alquileres. Diferentes fuentes presentes en las negociaciones dan por seguro que el texto estará finalizado a tiempo -actualmente se encuentran "limando detalles"- y que reunirá las mayorías necesarias para ser convalidado en el Congreso. También que, al igual que el real decreto que Unidos Podemos tumbó en primera instancia, este no incorporará una regulación de precios. Algo que ha confirmado públicamente la secretaria general de Vivienda, Elena Beunza, este jueves. Lo que sí contempla el texto es la ampliación de tres a cinco años la duración de los contratos en caso de que el casero sea persona física y hasta siete si es persona jurídica.

El mecanismo que ha elegido el Gobierno para contener los precios, y que la mayoría de la moción de censura ha aceptado, es más la zanahoria que no el palo. En vez de modificar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que dicta que "la renta será la que libremente estipulen las partes", el PSOE ha apostado por la vía de los incentivos fiscales. Las variaciones que recoge el último borrador, según confirman diferentes grupos políticos, el Ministerio de Fomento deberá elaborar un índice de precios, mediante el cual podrá guiar políticas públicas para compensar a los arrendatarios que actualicen los precios de sus alquileres en base a estos.

Fuentes de Unidos Podemos califican de "insuficiente" el contenido, ya que más que revertir la inflación de la vivienda de alquiler, la contiene. "El Gobierno ha sido cobarde", insisten esas mismas fuentes. No obstante, "es una mejora [en referencia al real decreto que tumbaron] y hemos de votar que sí", declaran.

Actualmente este mecanismo de índices de precios ya existe en comunidades autónomas como Cataluña o Valencia, aunque no es vinculante. "La nueva legislación deberemos encajarla con los marcos territoriales", señalan fuentes del PDECat, clave para la mayoría necesaria en el Congreso y que se muestra satisfecho con el contenido de los actuales borradores. Los posconvergentes insisten en que los incentivos fiscales del texto final deben ahondar no solo del IBI -que el decreto reserva a las viviendas de protección oficial, según cuentan-, sino en impuestos de la renta física de las personas.

PREAVISO DE UN MES A CUATRO

Con la legislación actual, un arrendatario debe avisar con un mes de antelación a su inquilino del vencimiento del contrato. El primer real decreto que no prosperó en el Congreso mantenía esta cifra y, según trasladan desde Unidos Podemos, en el nuevo texto el propietario tendrá la obligación de notificar a su inquilino con cuatro meses de antelación su intención de no renovarle el contrato. En el caso inverso, la cifra también aumenta y pasa a ser de un mes a dos los que el inquilino debe avisar a su casero de su intención de dejar el piso.

Otra reivindicación de actualidad que llega desde los movimientos por el derecho a la vivienda y que recoge el acuerdo es la prohibición expresa de los desahucios abiertos. Es decir, aquellos que ordena el juez sin fijar concretamente el día y la fecha. Según recoge el texto, se produce una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) según la cual los magistrados deberán explicitar este aspectos cuando aprueben un lanzamiento. No obstante, lo que no recoge el decreto ley que presumiblemente se apruebe este viernes es la alternativa habitacional en caso de primer desahucio.