El real decreto sobre cláusulas suelo aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero con el propósito de canalizar un solución extrajudicial a la devolución del dinero cobrado de más a los clientes de la banca «es papel mojado». Así, al menos lo consideran abogados, jueces y asociaciones de consumidores. El decreto se aprobó para evitar que los juzgados se vieran saturados de demandas por este tema. Pero la verdad es que ha tenido el efecto contrario. Tan sólo ha servido para que los bancos públicos --Bankia y BMN-- pusieran en marcha el mecanismo para devolver el dinero cobrado desde la constitución de las hipotecas con cláusulas suelo no transparentes, tal como establece la sentencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) del pasado de diciembre. El resto de entidades han optado por la negociación individual, o lo que es lo mismo, una aplicación de mínimos del decreto, lo que prácticamente quiere decir dejar el tema en manos de los jueces.

Los números del despacho Arriaga y Asociados, que ha hecho bandera de las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios en su batalla contra los bancos, son elocuentes. La firma de abogados tiene en marcha 10.000 demandas contra las entidades financieras. De estas, 1.745 reclaman solo el pago de cláusulas suelos; 3.664 reclaman cláusulas suelo y gastos hipotecarios y 4.618 piden el retorno de los gastos de constitución de hipotecas. «Todos estos son casos en los que no se ha llegado a ningún acuerdo, y se ha decidido acudir al juzgado», afirman fuentes del despacho. Lo cierto es que el procedimiento extrajudicial para el que se aprobó el real decreto solo contempla reclamaciones por cláusulas suelo. Si se le añaden los gastos de constitución de hipoteca, ya no es posible acogerse al procedimiento extrajudicial.

MEDIOS INSUFICIENTES / No solo los abogados esperan la judicialización del proceso de reclamación. «Los jueces de lo Civil ya han visto como se han incrementado el número de procedimientos. Y están molestos porque parece insuficientes los medios establecidos por el Gobierno para atender esta situación», comentarons.

El Consejo General del Poder Judicial ha advertido recientemente al Gobierno que no pondrá en marcha ningún tipo de medida destinada a dedicar afrontar el previsible incremento de demandas relacionadas con cláusulas suelo si la administración no concede los medios humanos y materiales necesarios. El Poder Judicial demanda recursos materiales ordinarios y extraordinarios, como el incremento de plazas destinadas a esta materia. Ha instado al Ministerio de Justicia a que proceda a crear plazas de jueces de adscripción territorial para asumir este plan, además de las restantes que integren el plan anual de creación de plazas.

Lo cierto es que pese a algunas asociaciones de consumidores apuntan que muchos bancos se dispondrán a pactar con los clientes antes de que la reclamación acabe en juicio, para de esa forma evitar las costas judiciales, en el caso de que el juez le diera la razón al cliente.

NO HABRÁ PACTOS / Pero algún despachos que gestionan demandas judiciales supeditan su retribución a esas costas judiciales, lo que permite pensar que no habrá pacto con el banco antes de que el juez realice el procedimiento.

«Si efectivamente, hay más de un millón de cláusulas suelo, solo que un 10% de los afectados acudan a los tribunales, será casi imposible atender ese volumen de casos», destacan fuentes judiciales. Los cifras aún no son precisas, pero si Bankia, que ha aceptado devolver el dinero a todos sus clientes, reconoce que al menos 1.000 casos acabarán o han acabado en los tribunales, los procedimientos de las entidades que más cláusulas suelo tienen, pero menos disposición a devolver el dinero, pueden acabar superando todas las previsiones.