La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha presentado dos denuncias contra empresas del sector hortofrutícola que han sido admitidas a trámite por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). En concreto, la AICA ha confirmado la apertura de hasta ocho expedientes sancionadores contra sendas sociedades anónimas, sociedades limitadas e incluso contra una sociedad cooperativa. Dichas empresas habrían comprado y vendido fruta sin contratos, o con contratos sin los elementos mínimos requeridos, como el precio o los plazos de pago.

UPA ha confiado en que los expedientes se traduzcan en "sanciones firmes" cuando se demuestre que efectivamente estas empresas han incumplido la ley de la cadena alimentaria, que fue modificada mediante real decreto en febrero, tras las movilizaciones de los agricultores, y que va a recibir nuevas actualizaciones con la trasposición de la directiva de la UE de prácticas comerciales desleales.

NUEVA NORMATIVA

"Las reglas del juego han cambiado. Ahora tenemos una normativa que sienta las bases para que el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, aporta seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos y apuesta por que los productores de alimentos reciban unos precios justos por sus productos", han destacado desde la organización agraria. Por otro lado, UPA ha denunciado también la presencia en los lineales de ciertos supermercados fruta de muy bajo calibre, por debajo de los 35 milímetros, que a los agricultores ni siquiera se les paga al considerarla 'destrío' o producción excendentaria.

La organización agraria ha subrayado que esto perjudica a toda la cadena, ya que 'tira' de los precios en origen hacia abajo, afectando a todas las categorías, mientras que los consumidores siguen pagando un precio alto por la fruta.