La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha desestimado la solicitud de Correos de excluir los meses de marzo, abril y mayo de las mediciones de los plazos de entrega de los productos incluidos en el servicio público universal (SPU) para el ejercicio 2020. Esta decisión supone un varapalo para el organismo, ya que de la evaluación de estos criterios de calidad depende la dotación presupuestaria que debe otorgarse el próximo año y se presume que durante la pandemia las entregas se dilataron en el tiempo, pese a que la mayoría de la plantilla siguió trabajando. La normativa exige que el 93% de las cartas ordinarias lleguen en menos de tres días a su destinatario. Bruselas vigila de cerca a Correos para impedir que reciba más ayudas públicas de las compatibles con la ley de competencia, por lo que el déficit del organismo podría incrementarse mucho este ejercicio.

La CNMC considera que "Correos no ha justificado de forma suficiente que el estado de alarma y los efectos del covid-19 tuvieran la incidencia propia de la fuerza mayor en la prestación del servicio postal universal". Pese a esta resolución, la CNMC puntualiza que los efectos sobre la calidad de la prestación del servicio "serán analizados más adelante en el marco de la supervisión del ejercicio 2020 por parte de la CNMC".

Las mediciones de los plazos de entrega de la carta ordinaria y del paquete azul son la base para valorar el grado de cumplimiento por parte de Correos de uno de los objetivos de calidad exigibles en la prestación del servicio público universal (SPU). En concreto se mide el plazo de entrega de extremo a extremo, para envíos individuales de correo prioritario y de primera clase. Correos solicitó a comienzos de mayo a la CNMC que se excluyeran de las mediciones de los plazos de entrega correspondientes al ejercicio 2020, los meses de marzo, abril y mayo de este año al considerar que "por fuerza mayor" el servicio se vio afectado.

La CNMC considera que la fuerza mayor a la que alude Correos "no resulta suficientemente fundada" ya que el propio Correos comunicó que el servicio se siguió prestando aún en los momentos más complejos de la crisis sanitaria y del estado de alarma. Ante esta evidencia, en aplicación de los requisitos exigidos la CNMC estima que los eventos alegados por Correos, aunque impactaran en el operador, no lo hicieron con una intensidad tal que se viera impedido para la prestación en todos y cada uno de los días del trimestre considerado, "cuando menos con total imprevisibilidad e igual incidencia una vez desencadenada la pandemia y ya conocido el sentido de las normas adoptadas a raíz de la misma".

El efecto de esta decisión es que no deben descontarse del cálculo anual de los plazos de expedición de los productos incluidos en el SPU, las mediciones de los meses de marzo, abril y mayo del 2020. Correos, que pertenece al hólding público SEPI, abarca una quincena de empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con más de 78.000 trabajadores. Logró Correos en el 2019 dejar sus índices de calidad por encima de los objetivos exigidos por la ley. En concreto, el 94% de las cartas ordinarias nacionales se entregaron en el plazo de tres días o menos, lo que significa situarse por encima del objetivo del 93% fijado en la normativa. El 90% de los envíos fueron repartidos en el plazo de un día, gracias a la eficiencia de la plantilla de más de 30.000 carteros con la que cuenta la compañía en toda España.

Los plazos de entrega del 'Paquete Azul' (concepto referido a paquetes voluminosos de hasta 20 kilos) también bajaron, hasta anotar que el 87% del total llegaron en tres días o menos, una vez descontado el tiempo de tramitación aduanera, por encima del 80% exigido en la normativa postal. La media fue en el 2019 del 70%.

En el caso de la carta ordinaria nacional, se monitorizan los plazos medios de entrega mediante un panel de particulares y empresas. Correos suma más de 51.000 profesionales a través de sus cerca de 8.700 puntos de acceso con más de 1.700 unidades de reparto.