Todas las indemnizaciones por despido que perciben los trabajadores pasarán a tributar en el IRPF de acuerdo a la reforma fiscal que el Gobierno prevé aprobar este viernes. El Ministerio de Hacienda, no obstante, plantea que se fije un mínimo exento para estas indemnizaciones en el entorno de 2.000 euros por año trabajado. Todo lo que exceda de esta cantidad por año tributará en el nuevo impuesto sobre la renta, según fuentes conocedoras del anteproyecto de ley.
La medida, que afecta a los trabajadores despedidos, quizás sea la más impopular de las que incluirá este viernes el Consejo el Gobierno en una reforma que, por lo demás, pretende ser amable para la mayor parte de los contribuyentes, también para las rentas más altas, pensando en las elecciones autonómicas, locales y estatal del 2015.
El IRPF bajará en todos los tramos del impuesto, para todos los contribuyentes, según confirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los representantes sindicales, informa Mercedes Jansa.
Para las rentas más altas, el actual tipo máximo del 52% --para ingresos superiores a 300.000 euros--, quedará situado "por debajo del 50%", según fuentes del Gobierno.
El previsible recorte a la deducción por aportaciones a planes de pensiones también forma parte de los aspectos menos amables de la reforma, si bien el Gobierno lo podría presentar como una medida que solo perjudicará a las rentas más altas.
EJEMPLO
Los representantes sindicales preguntaron ayer al ministro Montoro por posibles cambios en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido y de los planes de pensiones y, según dijeron después, no obtuvieron respuesta alguna.
En la actualidad, con carácter general, están exentas las indemnizaciones por despido que no superen la cantidad legal establecida. Si, por ejemplo, en el caso de un despido objetivo por causas económicas corresponde una indemnización de 20 días por año trabajado pero el trabajador recibe 23 días por cada ejercicio, este debe tributar por las cantidades derivadas de estos tres días adicionales. A no ser que se haya llegado a un pacto en conciliación o en un juzgado, lo cual dejaría exentas las cantidades por debajo del despido improcedente (45 ó 33 días, según los casos).
¿Por qué se mete Hacienda con las indemnizaciones? En el fondo, se pretende frenar la actual práctica de simulación de despidos objetivos para ocultar pactos entre empresa y trabajadores con el fin de lograr exenciones fiscales de hasta 45 días.
Con la reforma que planea el Gobierno habrá un nuevo criterio. Tributarán todas las indemnizaciones, independientemente del salario del trabajador y de su cuantía, con un mínimo exento de 2.000 euros por año. Si después de cinco años de trabajo a un despedido le corresponden 10.000 euros de indemnización (2.000 x 5 años), no deberá tributar por las cantidades percibidas. Si esa misma cantidad le corresponde por dos años de servicio, a razón de 5.000 euros por cada uno de ellos, deberá tributar por los 3.000 de exceso de cada ejercicio (6.000 en total).
Según fuentes del Gobierno, con esta medida quedarán exentas las indemnizaciones de trabajadores con un sueldo anual de 20.000 euros.
EN CLAVE ELECTORAL
Con la excepción de este punto negro que perjudica a las rentas de los trabajadores, el objetivo del Gobierno es que todos los contribuyentes noten ya en las nóminas e ingresos de enero próximo una rebaja "sustancial" del impuesto, en expresión de Mariano Rajoy.
De cara al año electoral del 2015, el presidente quiere echar el resto con una rebaja fiscal que tendrá un alcance incluso superior a los 4.800 anunciados (en dos años) en abril. Tanto es así, que el PP planea organizar un acto de partido este mismo fin de semana en el Rajoy podría desvelar algunos de los detalles.
A cambio de adoptar una reforma en pura clave electoral, el Gobierno aparcará las pretensiones de Montoro de acometer una reforma de gran calado en el modelo fiscal que involucre a todos los impuestos (para eso, precisamente, se había pedido un informe a los expertos) ya que podría ser interpretada en término de ganadores y perdedores.
Lo mismo sucede con los planes para reformar los sistemas de financiación autonómica y local. Quedarán para otra legislatura. El Gobierno no quiere abrir disputas entre los barones del PP a las puertas de las próximas elecciones autonómicas. Sobre todos, tras la pérdida de votos en los comicios europeos.
El secretario de Estado de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, condicionó ayer la reforma del sistema de financiación autonómica al incremento de la recaudación. "Mientras no crezca la tarta económica, cualquier cambio en el sistema (de financiación) traería insuficientes recursos porque no hay volumen de dinero suficiente. Hemos de trabajar entre todos en un sistema productivo más eficiente, el turismo, las exportaciones y la reducción de gastos innecesarios", afirmó .
El ministerio de Hacienda ha asumido que medidas como la de obligar a aplicar el impuesto de Sucesiones, provocaría una rebelión en el Gobierno regional de Madrid (PP), que hace gala de su menor presión fiscal.
