El Consejo de Gobierno tomó ayer conocimiento del anteproyecto de ley para la extinción de las cámaras agrarias, que tiene por objeto poder regular el destino del personal, el de su patrimonio y el de los órganos que asumirán las funciones que hasta ahora desempeñaban.
Según informó ayer la DGA, dichas funciones pasarían a atribuirse a los miembros de un comité compuesto por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS). El patrimonio resultante tras la liquidación y extinción de las cámaras pasará a ser titularidad de la comunidad, que a través del departamento de Agricultura. En lo que atañe al personal, pasará a integrarse como personal laboral de la administración de la comunidad.
La desaparición de las cámaras agrarias implica también que se establezca un nuevo sistema para medir la representatividad de las organizaciones agrarias en Aragón, que esta ley concreta en la regulación de un proceso de consulta a los empresarios del sector agrario. La organización corresponderá a la administración, que tendrá un plazo máximo de un año, desde que se apruebe la Ley, para convocar elecciones.
