El Gobierno de Aragón ha apuntado la necesidad de que las comunidades autónomas participen en el proceso de asignación inicial de derechos de emisiones de CO2 a los distintos sectores y centros productivos de acuerdo con el plan que ha diseñado el Ejecutivo central para cumplir con los requisitos del protocolo de Kioto. Así lo transmitió el consejero aragonés de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, en el transcurso de la conferencia sectorial, que se celebró ayer en Madrid --y en la que participaron los responsables de Industria y Medio Ambiente de las distintas autonomías--, con el fin de debatir dicho programa, que, en la comunidad, afecta a 54 centros productivos de 37 empresas.

"Es necesario que la comunidades participen en la asignación inicial de derechos, puesto que luego van a ser ellas quienes vigilen su cumplimiento", comentó Aliaga. Del mismo modo, el consejero manifestó el deseo del Ejecutivo regional de poder influir en los derechos entrantes --aquellos reservados para nuevas instalaciones--, "de cara a que no se malogren proyectos que están sobre la mesa". Así --tal y como transmitió al coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Adolfo Barrena, en el encuentro que mantuvieron el martes--, Aliaga se mostró partidario de mantener una reserva de futuro en la planificación de emisiones que permita avanzar en el desarrollo de alternativas de empleo en las cuencas mineras con nuevas empresas.

El consejero apostó por un plan de asignaciones que conjugue el cumplimiento de Kioto y la realidad socioeconómica de Aragón. En este sentido, el consejero se refirió a la situación de las centrales térmicas de la comunidad, de las que hizo una clara defensa. "Se trata de lograr unas asignaciones equilibradas que eviten que las comunidades menos desarrolladas puedan verse más perjudicadas", añadió, mientras recordaba la evolución histórica del sector energético aragonés.

El Plan Nacional de Asignación de Emisiones prevé estabilizar durante los próximos tres años las emisiones de dióxido de carbono, en los niveles medios del periodo 2000-2002, y comenzar un descenso más acentuado de esas emisiones a partir del 2008 para llegar al 2012 cumpliendo los objetivos del Protocolo de Kioto. Para España ese objetivo es no superar en el 2010 en más del 15% las emisiones de CO2 de 1990 --año que se fijó como referencia la comunidad internacional--, aunque en la actualidad ya se superan en un 40%. El Gobierno espera que el programa sirva para que, al final de la década, España supere sólo los niveles de 1990 en un 24%.