El Gobierno de Aragón remitió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, una carta en la que le traslada ocho consideraciones "fundamentales" en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones de los llamados gases de invernadero contemplado en el Protocolo de Kioto. La UE adquirió el compromiso de reducir durante el periodo 2008-2012 un 8% de las emisiones globales de este tipo de gases respecto a las registradas en 1990. Este compromiso se distribuyó entre los estados miembros y a España se le permitió un incremento del 15% (sobre las del 90), "aunque en este momento, la estimación es que estamos un 35% sobre ellas".

El Ejecutivo aragonés reclama al de España que permita las aportaciones territoriales en la elaboración del plan de asignación, ya que comunidades menos desarrolladas industrialmente, pero con unas tasas de crecimiento superiores a la media, como Aragón, deberían comprar los citados derechos de emisión si la asignación no tiene en cuenta algunas características de su estructura productiva. De hecho, fuentes del Gobierno estiman que la repercusión directa de la asignación de emisiones puede afectar a un total de 80 empresas aragonesas; unas 50 en el sector energético (cogeneración); 20 de cerámica; seis papeleras y el resto de vidrio y cemento.

COMPENSAR La Diputación General de Aragón solicita que se trate de compensar el impacto de la nueva normativa en el sector de la producción de carbón y su uso final para la generación de energía eléctrica (centrales termoeléctricas de Escatrón, Escucha y Teruel) en Aragón por su importancia en términos de empleo y de equilibrio territorial. Además, el Gobierno de Aragón solicita una cantidad suficiente de derechos de emisión para la industria más atomizada y más expuesta a la competencia, como es la cerámica (en expansión), el vidrio y el papel, con dificultades para reducir las emisiones por la vía de la mejora tecnológica.

El ejecutivo, entre otras consideraciones, reclama también la reserva de derechos de emisión a los sistemas de cogeneración, ya que en Aragón funcionan 53 instalaciones en otras tantas empresas, fundamentales para la competitividad de determinados sectores industriales.