Acuerdo a acuerdo y sin renunciar a ninguno de los compromisos remitidos a Bruselas. Esta ha sido la hoja de ruta para los próximos meses en la que ha insistido la ministra de Trabajo e inminente vicepresidenta, Yolanda Díaz. La dirigente de Unidas Podemos ha avanzado en el Congreso una "base de acuerdo" para renovar las políticas activas de empleo, tal como lo demanda la CEOE. Aunque no por atender esa mesa de negociación Díaz pretende apartar otras, como la de la modernización de la negociación colectiva.

Al más puro ‘cholista’, la inminente nueva vicepresidenta tercera va carpeta a carpeta y no por negociar una dejará de pretender cerrar otra. Díaz espera poder finiquitar prontamente el acuerdo definitivo para cerrar la nueva carta de políticas activas de empleo (PAE) y la renovación de la Garantía Juvenil. Una carpeta que desde la CEOE le piden que priorice, por encima del desmontaje de la reforma laboral, que según los empresarios “ahora no toca”.

Díaz ha avanzado en la cámara baja que existe “base de acuerdo”, aunque como viene siendo habitual en esta ministra, no ha concretado plazos. Fuentes presentes en esas negociaciones reconocen ese entente, pero, no obstante, no ven inminente su final. “Está casi cerrado desde hace dos meses”, cuentan. Esas mismas fuentes también señalan a Hacienda, guardián de la caja y de los millones necesarios para dar cuerpo a esas políticas activas de empleo.

Una partida de más de 2.900 millones

En el ejercicio anterior, el Gobierno destinó 2.900 millones de euros a las partidas de políticas activas de empleo, cifra que este año presumiblemente aumentará y que será complementada con los fondos europeos. Una competencia que define Trabajo, pero que despliegan las comunidades autónomas. Estas consisten en todos aquellos programas diseñados para que las personas en paro encuentren un empleo, o que los profesionales ya empleados puedan reciclarse para promocionar o cambiar de puesto. También financian programas para la empleabilidad de colectivos con necesidades especiales, como los centros de inserción laboral de personas con discapacidad.

Entre uno de los variopintos puntos de esa nueva carta de derechos que están negociando Trabajo, patronal y sindicatos, figuran nuevos incentivos a la contratación. Sobre los mismos, trascendió un primer borrador que incorporaba incentivos a las empresas que firmen contratos indefinidos por valor de hasta 7.500 euros por contrato entre los colectivos con menor empleabilidad, como los jóvenes, las mujeres o los parados senior.

Otro de los elementos que están pendientes de cerrar en las mesas de diálogo social es la actualización de los programas de Garantía de Juvenil. El compromiso manifestado por Trabajo es potenciar los recorridos y seguimientos personalizados y una mayor colaboración entre el SEPE y el sector privado para mejorar su empleabilidad; según remitió Díaz a Bruselas.