En septiembre del 2015, un escándalo mayúsculo golpeó el mundo del motor alemán. Volkswagen (VW), orgulloso emblema del potencial automovilístico germánico, había utilizado un software ilegal para que hasta 11 millones de sus vehículos diésel esquivasen los controles medioambientales y contaminasen más de lo permitido. EEUU destapó uno de los mayores fraudes de la historia pero, más de dos años después, parece que tan solo al otro lado del Atlántico el fabricante de Wolfsburgo ha sido castigado.

Desde que la Agencia de Protección Ambiental estadounidense expusiese sus vergüenzas, VW ha sufrido varios reveses judiciales, perdiendo litigios que la ha condenado a compensar a los clientes afectados con hasta 17.500 millones de dólares, 4.300 millones más al Departamento de Justicia y otros 2.800 millones como parte de un acuerdo extrajudicial. Ayer, la justicia norteamericana declaró su sentencia más severa contra un exdirectivo de la empresa, condenando a Oliver Schmidt a siete años de prisión y una multa de 400.000 dólares. En agosto fue James Liang, ingeniero responsable de los motores diésel, quien recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión y 200.000 dólares de multa. Otros seis ejecutivos de VW esperan sus sentencias en EEUU.

Pero esa mano dura es difícil de encontrar en Europa. En EEUU se trucaron unos 600.000 automóviles; aquí, hasta nueve millones. A pesar de que el impacto tanto de la estafa cometida como contra la salud pública es mucho mayor en el viejo continente, la respuesta judicial ha sido más laxa.

Tras empezar a reparar los vehículos manipulados, el presidente de VW, Matthias Müller, ha dejado claro que no se indemnizará a los clientes europeos, una decisión apoyada por la justicia alemana. En junio, el gobierno alemán se sirvió de su mayoría para exculpar a la cancillera Angela Merkel de toda responsabilidad, algo que defendía la oposición.

EXPEDIENTES DE LA CE / Ante tal falta de acciones, la Comisión Europea abrió hace un año un expediente contra Alemania, Reino Unido, España y Luxemburgo por no haber sancionado al grupo, acusando a los dos primeros de saltarse la ley europea al ocultar información sobre el fraude. Esos cuatro países fueron quienes expidieron la homologación de vehículos de la marca en la Unión Europea. Aún así, el poderoso lobi del motor ha conseguido limitar los esfuerzos comunitarios contra la contaminación.

Por si fuera poco, en Alemania el semanario Der Spiegel reveló que VW, Audi, Porsche, BMW y Daimler actuaron como cártel en la década de 1990 para pactar decisiones, algo que la cúpula del grupo ha negado. En España, VW ha ganado su primer caso de denuncia de un particular.